El sindicato de funcionarios USIPA ha sido condenado a devolver al Principado 270.000 euros que había recibido para impartir cursos de formación. La sentencia reconoce que la central impartió los cursos pero no respetó el requisito exigido por el Principado de que esa actividad tuviera como objetivo prioritario la formación a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Los cursos de formación que han dado lugar a este pleito se remontan al ejercicio de 2013, cuando USIPA recibió subvenciones para impartir cursos destinados a mejorar la empleabilidad de parados menores de 30 años. En las bases del Principado se hacía referencia como potenciales destinatarios de formación a grupos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo, tales como mujeres en especiales dificultades de inserción (por ejemplo, familias monoparentales y víctimas de violencia de género) y también a personas con escasa cualificación que no hubieran concluido sus estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), inmigrantes, minorías étnicas y extoxicómanos y reclusos de ambos sexos.

El técnico del área de Formación encargado de supervisar los cursos subvencionados por el Principado detectó en una inspección de oficio que los alumnos asistentes a los cursos no se ajustaban al perfil requerido por el Principado, ya que, según sus propios testimonios, negaban estar entre los grupos citados de posible exclusión. Ante esa situación, el funcionario levantó un acta que acabó dando lugar en junio 2014 a una resolución del consejero de Economía, Graciano Torre, en la que acordaba la revocación y reintegro parcial de la subvención de los cursos. USIPA recurrió con un doble argumento: los cursos habían sido impartidos "efectiva y satisfactoriamente, teniendo como destinatarios preferentes a mujeres jóvenes desempleadas" y el sindicato había informado al Principado "antes del inicio de cada curso de los alumnos y sus características".

Las sentencias del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, primero, y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias después rechazaron el alegato de USIPA porque el sindicato había sido informado de que "los alumnos deberán pertenecer, al menos en un 75 por ciento a colectivos con mayores dificultades de inserción". Tras declararse la firmeza de la sentencia, USIPA ha negociado con el Principado realizar un primer pago, de más de 48.000 euros, y el resto de la devolución será en cuotas periódicas, según fuentes del sindicato.