El juez avala las listas específicas de discapacidad y Educación recurre
Perplejidad en el grupo Maestros Capacitados por la postura contradictoria del Principado tras las promesas del PSOE
E. G.
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo lo pone claro, negro sobre blanco y dio la razón a cuatro profesores del colectivo de Maestros Capacitados, pero los servicios jurídicos de la Consejería de Educación decidió recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Los Maestros Capacitados, un colectivo que agrupa a medio centenar de docentes en Asturias, habían presentado reclamaciones individualizadas contra el Principado por no abrir listas específicas de discapacidad en las bolsas de profesores interinos, tal y como sí se hace en la oferta pública de empleo.
El letrado Domingo Villaamil, representante legal de los profesores, aseguraba ayer que "no entendemos el recurso" de la Administración "porque estas listas específicas se aplican en otras autonomías y además responden a normativa del propio Principado".
La perplejidad del colectivo ante la noticia del recurso de Educación era ayer mayúscula "porque además nos habían prometido que en los próximos llamamientos a docentes interinos ya se nos iba a tener en cuenta", explica una de las portavoces del grupo. La promesa había surgido precisamente en uno de los contactos que Maestros Capacitados tuvieron con representantes del grupo socialista en la Junta General.
Hay otras cuatro reclamaciones judiciales pendientes que, previsiblemente, se sustanciarán en sentencias parecidas. Los Maestros Capacitados apelan a un decreto autonómico de febrero de 2012 en el que, a juicio del letrado Villaamil "se traslada al ámbito autonómico la normativa internacional y estatal en materia de acceso al empleo público" para personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. En la oferta de oposiciones docentes se reservan un 7% del total de las plazas en juego para la discapacidad.
El juez estima en parte las reclamaciones "reconociendo el derecho a que se elabore tal lista [de candidatos con discapacidad] en los términos que determine la Administración educativa y en un plazo razonable".
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