El riesgo de que las limitaciones de la sanidad pública sean convertidas por algunos en ocasión de negocio fue una de las alertas dominantes en la primera sesión de la comisión de investigación de las listas de espera, celebrada ayer en la Junta General del Principado. "Las deficiencias en la pública impulsan la sanidad privada", subrayó Carlos Ponte, responsable de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, quien añadió que problemas como las demoras están generando "una sanidad dual" y denunció que los datos que publica el Principado contienen "sesgos" e "irregularidades". "Hemos recibido denuncias de pacientes por esperas de hasta dos años para una prueba", refirió Ponte, quien abogó por "un nuevo contrato social", más transparente y con mayor presencia ciudadana.
En similares términos se pronunció Arturo Monteserín, de la Asociación de Pensionistas de Gijón. Denunció "una preocupante mercantilización de la salud pública y una corriente internacional de querer hacer negocio con derechos que costó mucho conseguir a nuestros antepasados, como son el derecho a la salud y a las pensiones".
Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, indicó que "los seguros privados se han incrementado", pero hizo hincapié en que el recorte del gasto sanitario per cápita es menor en Asturias que en el conjunto de España, y precisó que el Principado es la comunidad "que más dedica a gasto social".
Adrián Arias, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, advirtió del riesgo de "estadounizar" el modelo sanitario, de modo que los ciudadanos tengan que recurrir a seguros privados o a préstamos para recibir las terapias necesarias.
