Los médicos y enfermeros de la región podrán trasladar directamente a la Fiscalía los casos en los que sospechen que una mujer sufre malos tratos, aunque ella no lo corrobore. Ésta es una de las novedades del protocolo de atención a víctimas de la violencia de género que ayer presentó la Consejería de Salud Pública del Principado. Se trata de la segunda actualización de este documento, que salió a la luz en 2003 y que persigue detectar a tiempo las situaciones de violencia machista. El protocolo no se restringe sólo al ámbito doméstico, sino que también cubre la mutilación genital y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Además, los hijos menores de la víctima pasarán automáticamente a ser considerados sujetos maltratados, aunque no hayan sufrido violencia, y se les aplicará el protocolo infantil.

El director general de Salud Pública, Antonio Molejón, explicó que en Asturias el número de denuncias por malos tratos ronda los 2.000 al año -1.736 hubo en 2015-, mientras que los partes de lesiones se quedan en 500. El objetivo del Gobierno regional es aumentar esta cifra, ya que entiende que las víctimas acuden antes al ámbito sanitario que al policial o judicial. En líneas generales, el protocolo ofrece a los sanitarios pautas de actuación y herramientas para detectar la violencia machista. La última modificación da un paso más y brinda a los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, Servicios de Urgencias y Salud Mental la posibilidad de llevar ante la Fiscalía los casos en los que las mujeres no reconocen haber sufrido maltrato, pero existe una sospecha. "El informe del fiscal se elabora en situaciones ambiguas. Es decir, cuando el médico tiene indicios de que algo pasa y no quiere cargar a sus espaldas el peso de saber que está en peligro", aclara Julio Bruno, técnico de la Consejería. En situaciones menos problemáticas -la víctima reconoce el daño-, los sanitarios realizarán como hasta ahora un parte de lesiones, que se incluirá en el historial clínico del paciente. En este sentido, Bruno indicó que la modificación del programa ha requerido la actualización de los programas informáticos "Millenium" y "Selene".

Por otro lado, y en coherencia con la ley 8/2015, que considera víctimas a los hijos menores de mujeres que padecen violencia de género, los pediatras les podrán valorar como "sujetos de maltrato". El especialista pondrá en conocimiento del profesional de medicina general la percepción de esta circunstancia, aunque el protocolo no incluye una indicación expresa de acudir al fiscal para detallar las lesiones, como ocurre con sus madres. En cualquier caso, se activará el protocolo de maltrato infantil.

Mayor difusión

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha comenzado una campaña de difusión del programa que se prolongará hasta diciembre. También realizará al menos una sesión de trabajo en los centros de salud y hospitales de la región. Por primera vez, el protocolo se enviará a los centros privados y a los colegios oficiales de Médicos, Enfermería y Trabajo Social. Con todo ello, Sanidad pretende llegar al mayor número de profesionales posibles, tras revelar el pasado mes de mayo un trabajo fin de especialidad en enfermería familiar y comunitaria que más de un tercio (37%) de los sanitarios desconocían la existencia del anterior protocolo.

La encuesta, publicada por LA NUEVA ESPAÑA, daba datos todavía más sangrantes, como que el 40,1% de los sanitarios no pregunta en sus consultas sobre la violencia machista, o que el 30% de los facultativos opinan que las mujeres que persisten en relaciones de violencia "es porque quieren". El Principado reconoce que hay "cierta resistencia" de los profesionales sanitarios a abordar esta problemática y se marca como objetivo "sensibilizarlos".

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 14 años que sufren cualquier tipo de violencia, no sólo doméstica. Según manifestó Antonio Molejón, "las agresiones a las mujeres son un problema de salud pública importante, tanto por el número de personas a las que afecta como por la repercusión que tiene sobre su salud, ya que merma su calidad de vida y, a menudo, también la de sus hijos menores". El director general advirtió que "es muy probable que los casos que conocemos sólo representen la parte del iceberg que aflora a través de las consultas clínicas", por lo que insistió en la necesidad de abordar el problema con la colaboración "de todos para erradicar las raíces sociales en que se asientan".