"Os van a llegar a Oviedo". El ganadero recuerda la "sonrisa condescendiente" del funcionario del Principado ante la advertencia de que se acercaba el jabalí. De eso "hará seis u ocho años"; ahora que ya están aquí, ahora que al fin un problema de largo rango en el campo "ha empezado a existir al llegar al medio urbano", hay ganaderos que discrepan sobre la utilidad del susto al animal, de la puesta en fuga o de la captura y suelta como métodos eficaces de control. Su opción es más la muerte que el susto, la caza y su incentivo, el "control natural" de la superpoblación de la especie y, en definitiva, una reacción contraria a lo que estiman es "incompetencia" y "falta de iniciativa" del Principado en el terreno del estímulo cinegético. La imagen de los suidos poniendo cerco a las grandes ciudades es el efecto, al decir del colectivo Asturias Ganadera, de "una mala normativa" autonómica de caza adobada con la pasividad de una Consejería que se niega, dicen, a promocionar la actividad más allá de instituir una licencia interautonómica "que además ya está facilitando que los cazadores asturianos salgan a otras regiones".
Frente a las estrategias de acoso o captura que patrocinan los redactores del plan de control de la especie en Asturias, "medidas absurdas que parecen sacadas de una película de 'Teddy, el osito'", su idea es el incentivo de la batida, matarlos más como "mejor manera de imponer un control natural", afirma Xuan Valladares. Su alternativa es más caza "para inducir en los animales una conducta de respeto de lo nuestro. Y eso, lo siento por las hipersensibilidades urbanitas, se hace a base de puñetazo. Es algo natural", remata. "Y no se trata de exterminarlos".
El colectivo reacciona así contra los argumentos que plantean la ineficacia de la estrategia cinegética, o contra "el infantilismo" de la mentalidad urbana que se escandaliza con la alternativa de la cacería. "En la naturaleza, todo el mundo se come a todo el mundo", subraya Valladares
El rececho francés
En esa dirección de hacer más fácil la caza está el punto de mira de la batería de actuaciones que sugiere el colectivo. Plantea "aumentar los meses de caza o abrir la veda a todo el año en las áreas que se determinen necesarias", "incentivar que se cumplan los cupos máximos de seis animales por cacería" flexibilizándolos, haciendo que en una acometida se puedan abatir ocho si en la anterior por ejemplo se mataron cuatro, o una importación novedosa, "el modelo francés del derecho al rececho". Se sustancia el sistema en la autorización para que el campesino que sufra daños de animales salvajes pueda cazarlos en sus fincas. "No es nada salvaje", precisa el portavoz de la asociación, "es equilibrio natural. Tenemos derecho a defendernos igual que cualquier animal se defiende a sí mismo y esto está sucediendo en Francia, no en Nigeria".
Hay más. Flexibilizar la incorporación de cazadores a las cuadrillas, aumentando hasta treinta su número máximo, o hacer que la Administración comparta con las sociedades los costes de guardería y daños para que éstas pudieran bajar las cuotas y se incentivase la incorporación de cazadores, o en las ciudades autorizar la "caza con arco crepuscular y nocturna" en las "zonas de seguridad". Al final, al decir de los profesionales representados en Asturias Ganadera y en la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (Usaga), devolver al jabalí al monte, como se ha llegado a proponer, no sirve. "Es ridículo" afirma Manuel Suárez, "si están en la ciudad es porque en el monte no caben".
Los que sufren su acecho desde hace tiempo saben que además del jabalí "hay muchas poblaciones cuyos excesos se sienten en el campo" y que eso genera problemas sanitarios. Los ganaderos también ponen en duda por "ficticio" el cálculo de la Administración, dieciocho millones de euros en daños en quince años: "No se paga ni siquiera el 30 por ciento de los desperfectos reales", denuncia Víctor Coto blandiendo una factura con un presupuesto de 450 euros en daños del jabalí y un pago real aprobado de 50,10. Los ganaderos sitúan además en el debe del Principado su "incapacidad para cumplir con la obligación legal de actualizar el baremo de daños cada tres meses". En lugar de eso, se asombran, esa tarea no se acomete "desde hace más de seis años".
