Con una carta en la mano, los representantes de los empleados públicos del Principado llevaron ayer por la mañana su demanda de recuperación de la jornada de 35 horas hasta el despacho de la consejera competente. Se habían concentrado delante de la Consejería de Hacienda, y detrás de una pancarta que decía "No al recorte de la Administración y al deterioro de los servicios públicos", y entraron sin cita previa a esperar a Dolores Carcedo, que a esa hora, pasadas las diez y media de la mañana, participaba en un acto fuera del edificio.

Entraron y subieron a entregarle en mano una carta dirigida a una dirección de Sevilla, un mensaje por persona interpuesta que no era ni para ella ni para Javier Fernández, pero que les concierne a ambos. Sucede que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sí ha aceptado que sus empleados públicos recuperen las 35 horas semanales y que han decidido animarla a que interceda ante Fernández, que reiteradamente se niega. Apelan a su intercesión, dice la carta, por el "muro" que les ha puesto el Ejecutivo autonómico y en atención a los "estrechos lazos" que últimamente unen a Díaz con el presidente asturiano y de la gestora socialista, "barones" del mismo bando en el PSOE.

La Consejera volvió a la Consejería poco antes del mediodía y ella y los trabajadores hablaron del tema durante algo más de media hora. Carcedo reiteró los argumentos del Gobierno favorables a la recuperación de derechos siempre que haya posibilidad legal y presupuestaria y habló del escudo legal de la normativa estatal, del peligro de recurso del Gobierno central en que han incurrido otras comunidades autónomas que sí se han decidido a reimplantar las 35 horas y de sus motivos presupuestarios. Ambas partes quedaron, eso sí, emplazados para tener otra reunión la próxima semana, esta vez con convocatoria formal.

Los trabajadores, en representación de la Junta de Personal Funcionario y de los comités de empresa del personal laboral al servicio de la Administración, esgrimieron al salir del edificio sus argumentos a favor de la recuperación de derechos y el incumplimiento del mandato de la Junta General del Principado que pide las 35 horas, aprobado en su día con los votos a favor de toda la cámara y la única oposición del grupo socialista.

Querían, dijo fuera el representante de la CSI, Miguel Ángel González, "dar un tirón de orejas" a Javier Fernández a través de una de sus mejores amigas. La carta a Díaz la felicita por su decreto, la anima a convencer a Fernández y expresa su convicción de que la revocación del horario impuesto en 2012 por el gobierno del PP "repercutirá positivamente en la creación de empleo público, en la mejora del servicio y en la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados públicos".