El Consejo de Ministros acordó ayer imponer a Arcelor-Mittal la máxima sanción que permite la Ley de Aguas por vertidos contaminantes a los ríos. En concreto el Ministerio de Agricultura le ha impuesto a la compañía siderúrgica una multa de un millón de euros y la obligación de indemnizar a la Administración con otros 573.048 euros por los daños causados por las aguas residuales procedentes de la actividad industrial de la fábrica de Avilés en los concejos de Carreño, Corvera de Asturias y Gozón. Es la tercera sanción de este tipo que acumula la compañía en Asturias, que también ha sido multada anteriormente por emisiones a la atmósfera.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico acordó incoar expediente sancionador a Arcelor-Mittal en marzo de 2016 como resultado de los controles que realizó la Guardería Fluvial entre enero y octubre de 2015 y de una denuncia presentada por la Guardia Civil a raíz de un vertido en el río Llongas. En el pliego de cargos se destacaba que las instalaciones de Arcelor-Mittal en Avilés habían cometido dos incumplimientos de la autorización ambiental integrada que le había otorgado el Principado de Asturias.
El primero de los incumplimientos se refería a la superación de los valores límite de emisión en dos puntos de vertido. En concreto se acreditó la presencia de "sustancias peligrosas no autorizadas" como triclorometano, fluoranteno, selenio y fluoruros. Y el segundo de los incumplimientos se refería a la falta de control en dos puntos de vertido autorizado, lo que no permitía la labor de inspección y toma de muestras de los vertidos tras el paso por las instalaciones de depuración.
Arcelor-Mittal presentó una serie de alegaciones en las que destacaba que la presencia de cloroformo (triclorometano), como elemento más peligroso, se atribuía a las purgas de sus torres de refrigeración. La compañía afirmó que utiliza para esas operaciones agua clorada o agua procedente de pantano que tras el tratamiento que se lleva a cabo para cumplir la legislación sobre legionella produce cloroformo, sobre todo en las condiciones de los meses de verano y otoño, que fue cuando se tomaron las muestras.
Las alegaciones fueron refutadas por los informes de la Confederación Hidrográfica, que reiteraron que Arcelor-Mittal no disponía de autorización para verter ni cloroformo ni el resto de sustancias peligrosas detectadas. Por ello propuso una infracción muy grave con la imposición de sanción en su grado máximo, de un millón de euros, "por la grave repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico y el deterioro producido en la calidad del recurso" (valorado en 573.048 euros de indemnización), "la especial trascendencia para las seguridad de las personas y bienes", "la reiteración" (la compañía acumula tres expedientes sancionadores similares, el último de ellos de hace un año con multa de un millón de euros por vertidos a la ría de Aboño) y por "el beneficio obtenido por el responsable de los incumplimientos sancionables".
Al tratarse de un infracción muy grave con sanción máxima, la decisión de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tuvo que pasar por el Consejo de Ministros, que ayer dio luz verde a la multa que suma más de 1,5 millones de euros.
