El interino puede convertirse en una especie en vías de extinción a corto plazo tras haber sido una figura de la que se abusó en todas las administraciones, y Asturias no es una excepción, durante décadas. Este giro copernicano tiene una explicación crematística. "Los interinos ahora salen más caros que los funcionarios", resume Sergio Peña.
El motivo de ese encarecimiento en el coste de este personal, contratado durante décadas porque de entrada resultaba mucho más barato que el funcionarial, hay que buscarlo en las sucesivas sentencias que han ganado los interinos para ver reconocidos sus derechos. Primero alcanzaron el derecho a cobrar antigüedad, después vieron reconocido el cobro al plus de la carrera profesional, siempre y cuando llevaran cinco años de desempeño en su puesto y más recientemente los jueces han admitido que tienen derecho a cobrar indemnización en el caso de que sean cesados en su empleo.
"La Administración ha echado cuentas y se ha dado cuenta que resultan más baratos los funcionarios o los laborales si a los interinos hay que indemnizarles por cese. El primero en ponerse las pilas ha sido el ministro Cristóbal Montoro quien, tras una rápida negociación, ha llegado a un acuerdo para sacar a concurso-oposición miles de plazas en la Administración del Estado", comenta Peña. "Es muy triste que se adopten medidas sólo cuando rasca el bolsillo de las Administraciones. La interinidad ha supuesto un fraude monumental. Es un monstruo enorme en todo el Estado", apostilla Emma Rodríguez, del sindicato Suatea, que no obstante entiende que "estamos ante un punto de inflexión, una oportunidad para racionalizar el empleo público". En Asturias ya han empezado las reuniones entre el Gobierno regional y los sindicatos pero todavía no hay un ajuste fino del número de plazas. Los sindicatos cifran en 9.000 el volumen de interinos en el Principado pero no todos desempeñarían empleos de carácter estructural. Según sus estimaciones, de esas 9.000 puestos habría que consolidar mediante plazas fijas unas 7.000 que se repartirían, a trazo grueso, en unos 3.000 para la sanidad, unos dos mil para la educación y otros dos mil en el resto del sector público autonómico.
