La Fiscalía aún no ha tomado una decisión sobre qué postura adoptar en la vista que se celebrará el próximo lunes en la sección tercera de la Audiencia para resolver si los condenados por el "caso Marea" son enviados a prisión o continúan en libertad hasta que se resuelvan los recursos que presentarán ante el Tribunal Supremo. La postura de la Fiscalía es importante, puesto que de ella depende la que adopte el Principado de Asturias, una de las acusaciones particulares del caso. La otra, la ejercida por María Teresa Porrúa, ya ha decidido no solicitar prisión para Marta Renedo, después de que la funcionaria, condenada a nueve años de prisión, pidiese perdón a la hija de Severina Blanco.

Inicialmente, la Fiscalía se habría decantado por no interesar el ingreso en prisión, pero se está replanteando esta postura después de que alguna acusación popular, en concreto la que ejerce Podemos, haya manifestado su intención de pedirlo, por la magnitud de las penas impuestas, de hasta nueve años y medio de cárcel en el caso de María Jesús Otero. Otras acusaciones populares han indicado que no se opondrán a que continuasen en libertad. Algunas de ellas han indicado que habría dificultades para fundamentar la petición de ingreso en prisión. Sería arriesgado plantear el riesgo de fuga, puesto que ninguno de los condenados ha intentado sustraerse a la acción de la Justicia en estos siete años. Claro que, hasta ahora, no pesaba sobre ellos una condena. La mayoría de ellos tiene sus bienes embargados, lo que objetivamente dificulta una posible huida. Independientemente de las peticiones que se realicen, corresponderá al tribunal tomar una decisión sobre el ingreso en prisión. En el caso de uno de los condenados, Alfonso Carlos Sánchez, ya pesa sobre él una condena de ocho años por cuatro delitos fiscales. El ingreso en prisión está suspendido por el momento.

Nuevas aclaraciones

El pasado jueves, el tribunal dictó un auto aclarando los motivos por los que condenaba a Sánchez por cohecho continuado, puesto que en la sentencia no quedaba suficientemente claro. Al tribunal le han pedido alguna aclaración más. Por ejemplo, Esteban Aparicio, que defiende los intereses de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), ha pedido que se aclaren cuestiones referentes al cobro de las costas. Esta y otras cuestiones podrían retrasar la preparación de los recursos.