La investigación del fraude de los colegios o "la mareína", al ser una pieza separada del "caso Marea" -el de mayor corrupción juzgado en Asturias hasta el momento-, sigue llevando a los Juzgados a los directores de centros públicos asturianos para aclarar la presunta falsificación de facturas referidas a la entrega de material escolar en 2009 y 2010. Ayer una decena de ellos tuvieron que ir al Juzgado a declarar.
La nueva investigación partió de la denuncia que interpuso la Fiscalía en octubre del año pasado, después de que el Principado remitiese un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios de la región que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por cuatro de los principales acusados y condenados en el "caso Marea": el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la que fue su mano derecha, María José Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín).
El tribunal del "caso Marea" rechazó incluir en la causa dicho informe al inicio del juicio atendiendo a la petición de la Fiscalía y de las defensas de los acusados, al entender que generaría indefensión jurídica para los procesados. Posteriormente, el Principado remitió el informe sobre las presuntas irregularidades a la Fiscalía, a la que pidió que abriera diligencias de investigación.
De ahí que en las últimas semanas hayan pasado por el Juzgado de Instrucción decenas de directores de centros públicos para que aclaren si recibieron más material del que solicitaban e incluso que no hubieran pedido; quién lo recepcionaba; quién les informaba de su envío; qué pasaba si lo rechazaban, además de, en comprobar las facturas que se entregaban, si las había.
