Salir del fichero de morosos se convierte para muchas empresas en una auténtica pesadilla. Una compañía de estructuras metálicas de Ribadesella estuvo en ese vergonzante archivo -que limita el crédito y dificulta de forma grave el funcionamiento de un negocio- la friolera de catorce meses pese a que ya había solventado la deuda en la que había incurrido. Ahora, la magistrada Silvia Golfe, titular del Juzgado único de Cangas de Onís, ha condenado a la entidad bancaria que introdujo a la empresa en el archivo de morosos, la Caja Rural, al pago de 10.000 euros por vulneración de los derechos al honor. Caja Rural no ha recurrido, pero sí la empresa, cuyos intereses defiende el abogado Luis Olay Pichel, que reclama aumentar la indemnización hasta los 40.000 euros, por los perjuicios al negocio.

El origen del embrollo fueron dos pagarés por importe de casi 33.000 euros que no fueron atendidos al vencimiento. La Caja Rural informó al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) del incumplimiento en octubre de 2015. La magistrada estima que esta inclusión fue conforme a la ley.

El problema vino luego. Los pagarés emitidos y vencidos fueron renovados y sustituidos en noviembre de 2015 y finalmente cumplimentados satisfactoriamente. La empresa se dirigió a la Caja hasta en tres ocasiones para que la retirara del fichero. Primero en febrero de 2016, pero la Caja no se dio por aludida ya que pedía más pruebas de que efectivamente se había saldado la deuda. La empresa insistió en junio de 2016, y luego en octubre de ese año. Cuando se dictó la sentencia, hace un mes, la empresa seguía siendo oficialmente morosa.

En la demanda, la firma adujo que había tenido que despedir a trabajadores y que se había dañado imagen. Pese a que la juez estima que los despidos fueron anteriores a su inclusión en el archivo de morosos, y que éste solo fue consultado por entidades bancarias, y no por potenciales clientes, admite el daño al honor y castiga a la Caja.