José Ángel Fernández Villa tiene una nueva y misteriosa enfermedad, según señala su defensa en un recurso aclaratorio ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, en el que vuelve a insistir en solicitar la suspensión del procedimiento por la querella del SOMA, cuyo juicio está previsto que comience el miércoles de la semana que viene, día 27. La defensa no indica de qué enfermedad se trata, e indica que la remitirá la documentación pertinente al letrado de la Administración de Justicia, bajo la advertencia de que debe quedar secreta.
Hace unos días, la presidente del tribunal, María Luisa Barrio, pidió un nuevo examen completo del ex secretario general del SOMA para determinar si está en condiciones de acudir a juicio. La defensa no se opone, pero tienen que ser los forenses que ya solicitó a principios de año, Elsita Fernández y Rosario Morant, justamente las autoras de un informe en enero de 2016 que retrataba un Villa incapaz de mantener un discurso coherente, que no sabía siquiera quien era el rey de España o el presidente del Gobierno.
Este marzo, el tribunal accedió a ese examen, que llevaron a cabo Antonia Martínez, la directora del Instituto de Medicina Legal, y la ya citada Rosario Morant, y que determinó que Villa podía acudir a juicio. La defensa, a cargo de Ana Boto, quiere saber por qué se cambió a Elsita Fernández por Antonia Martínez, "por si se hubiese incurrido en algún error o irregularidad en el turno de adjudicación que pudiera afectar a la objetividad e imparcialidad del informe mental".
La defensa accede a hacer el nuevo informe mental, que se realizará el próximo lunes, día 25, a mediodía, siempre y cuando también lo realice Elsita Fernández. Por otro lado, el examen completo incluye la toma de muestras físicas, por lo que la defensa exige que haga por duplicado para un análisis paralelo.
Testigos y peritos
Además, el tribunal ha oficiado a la Policía Judicial para localizar a algunos sindicalistas citados como testigos o peritos, ahora ilocalizables, como Begoña Abdelkader, que hizo el informe económico de la demanda y ahora tiene un cargo en UGT en Madrid, o Antonio Deúsa, secretario estatal de UGT-FICA, que firmó el poder para el pleito y que ayer estuvo en el congreso del SOMA. Tampoco se ha localizado a Aquilino Ronderos, exvocal de la junta administradora del SOMA, o Ricardo Antuña, el único miembro de ese órgano que puso reparos a la aprobación de las cuentas. Villa se enfrenta a penas de hasta seis años en el juicio del miércoles. Pedro Castillejo, exgerente del Infide, al que defiende Alfredo García, afronta cinco.
