Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado ponen reparos que desaconsejan el cese del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas. El informe de los letrados de la cámara, emitido en el marco del procedimiento que ésta sigue para forzar la destitución de Avelino Viejo, pone por segunda vez en duda la conveniencia de que el parlamento lleve el proceso hasta el final. Considera que no quedan "suficientemente acreditados los extremos puestos de manifiesto en el acuerdo" que dio inicio al trámite parlamentario de destitución y advierte a los diputados de que antes de elevar una petición de relevo de Viejo para su votación en el pleno de la Junta tengan en cuenta algunas cuestiones, entre ellas la concurrencia de una exigencia "intensificada" de motivar la decisión o la necesidad de asegurarse de que la medida podría superar un "test de proporcionalidad".
Es la segunda vez que los letrados ponen en duda la oportunidad jurídica de cesar Avelino Viejo como castigo por los métodos utilizados en la Sindicatura para la provisión de puestos de trabajo, por el cuestionamiento que de ellos han hecho los tribunales y la anulación de sus sistemas de nombramiento, o por su insumisión ante las preceptivas recomendaciones de la Junta a este respecto. El letrado mayor ya se había pronunciado en contra de la conveniencia de la destitución en un informe fechado el pasado abril, antes de que la Mesa de la Junta decidiese activar el expediente de revocación del síndico desoyendo ese criterio jurídico. Esta segunda versión del reparo llega unos días antes de que expire el plazo de que dispone la Comisión de Hacienda para tener listo, antes del próximo día 4 de julio, el dictamen final del caso, el que será sometido a votación en el pleno. Ese documento de conclusiones debería quedar avanzado hacia su finalización en la reunión que la comisión tiene fijada para mañana.
Ahí, los diputados tendrán que analizar el informe jurídico, o más bien sus advertencias y sus reparos, y discutir si elevan al pleno una propuesta de cese de Avelino Viejo. Los letrados exponen en el documento su parecer tras analizar el informe remitido a la Junta por el Consejo de la Sindicatura y las alegaciones que el Síndico Mayor pronunció en su defensa ante la comisión. En su labor de asesoría a los diputados que han de tomar la decisión final, el servicio jurídico les invita a tener en cuenta que el Consejo de la Sindicatura resolvió elegir el método de selección de personal reprobado por los tribunales -un "concurso específico" en lugar del concurso de méritos sin apellidos, el que preferían el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Mesa de la Junta- "de conformidad con el criterio técnico de la secretaria general de la Sindicatura", o que aquella determinación se adoptó por unanimidad de los tres síndicos que integran el Consejo del organismo fiscalizador. Ellos, según dijo el propio Viejo frente las acusaciones de "mentir con medias verdades" que vertió contra él su compañero Antonio Arias, decidieron con toda la información en sus manos. Además, el informe jurídico valora que el síndico haya llevado al Consejo una nueva relación de puestos de trabajo que corrige la reprobada por los tribunales y concluye que así ya "no cabe hablar de incumplimientos de resoluciones jurisdiccionales" o "de resistencia, si alguna vez la hubo, a la legalidad".
El documento que han recibido los grupos incluye además una serie de advertencias por si deciden seguir adelante y pese a todo llevar el cese al pleno. Les recuerda que el dictamen de conclusiones tiene una exigencia de motivación "intensificada" o que no cabe tomar esta decisión por simples razones "de oportunidad o confianza". Añade que en abril el parecer jurídico ya consideró que "la anulación de una relación de puestos de trabajo no es un hecho excepcional" y finaliza requiriendo "un test de proporcionalidad" que pondere si "la medida resulta idónea", si asegura que "los perjuicios que pueden ocasionarse no son mayores que los beneficios".
En el pleno, una eventual propuesta de cese requeriría para salir adelante una mayoría de tres quintos de los votos. Se alcanzará si ninguno de los grupos que más han censurado la actitud de Viejo -PP, Foro, Podemos e IU- mantienen su criterio.
