La Justicia está que arde. Todos los colectivos están molestos. Los funcionarios harán huelga este viernes (y mañana habrá una concentración ante los Juzgados) y los jueces y fiscales harán lo mismo el lunes que viene. Esta mañana, los Letrados de la Administración de Justicia han realizado un paro de dos horas, y se han concentrado ante los Juzgados de Oviedo. El motivo lo explica José Luis Santos, secretario de Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo: "En 2010 hubo una reforma en la que redistribuyeron nuestras funciones, se aumentó la carga de trabajo y no ha tenido ningún reflejo retributivo en estos últimos 8 años, estamos muy decepcionados y muy quemados, porque además, el nuevo Gobierno, lejos de darnos soluciones, no se siente obligado con los avances que alcanzamos con el anterior equipo".

Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios de categoría A1, pero se están encontrando situaciones "inadmisibles", como el hecho de que aquellos que acaban de aprobar las oposiciones empiezan a desempeñar sus funciones con un sueldo de 1.500 euros. "Hay una diferencia del 70 por ciento respecto a jueces, fiscales o médicos forenses", asegura Santos, que es portavoz en Asturias y vicepresidente del Colegio de Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, una de las cuatro asociaciones convocantes de este paro, todas las de este colectivo.

Hay además aspectos sangrantes, como el complemento de productividad, que quedó establecido en un cinco por ciento de la masa salarial. Invariablemente "no llegamos al dos por ciento de la masa salarial", señala Santos. Las reivindicaciones de los antiguos secretarios judiciales no solo se circunscriben al plano salarial. También reclaman la urgente modernización de la Justicia, abogan por seguir implantando la nueva Oficina Judicial, de la que sin directores, rectificando las disfunciones advertidas. También quieren que haya un registro civil público, moderno y gratuito a cargo de los Letrados y exigen que se compatibilicen los distintos sistemas de gestión procesal en el territorio nacional y desarrollar el expediente digital electrónico.

Y avisan de que si no se les hace caso, seguirán con las movilizaciones, in crescendo.