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Las telefónicas, obligadas a dar banda ancha a 120.000 asturianos antes de 2020

Industria fuerza a las operadoras a financiar la extensión del servicio de 30 megas al 85% de los vecinos de localidades con menos de 5.000 habitantes

Las telefónicas, obligadas a dar banda ancha a 120.000 asturianos antes de 2020

Las empresas de telefonía estarán obligadas a proporcionar conexión por banda ancha a 120.000 asturianos de las zonas rurales que viven en condiciones que les impiden conectarse a internet. Desde el pasado jueves, Telefónica, Vodafone y Orange están obligadas a pagar lo que cueste garantizar, como muy tarde el 1 de enero de 2020, la cobertura de banda ancha a una velocidad de al menos treinta megas al 85 por ciento de los residentes en localidades con menos de 5.000 habitantes, tras una decisión del gobierno central. En el Principado, un tercio de la población, cerca de 340.000 asturianos. El porcentaje obliga a dar servicio a unos 290.000 de ellos y amenaza a las empresas con un problema: de aquel total, cerca de 246.000 viven en poblaciones inferiores a mil vecinos, donde la cobertura de calidad es particularmente deficiente y duras penas alcanza en el mejor de los casos -el de las localidades de entre quinientos y mil residentes- al 60 por ciento de los hogares. En el resto, la situación es mucho peor: según los datos del Ministerio de Industria, no llegan a tres de cada diez los hogares con acceso a una conexión de calidad en localidades de cien a quinientos habitantes y el dato se desploma hasta el 6,5 % en los pueblos inferiores al centenar, donde aún aguantan en total unas 121.000 personas.

Así las cosas, considerando que el porcentaje requerido ahora por el Gobierno se cumple ya en prácticamente todas las localidades superiores al millar de empadronados, pero que en el conjunto de las inferiores a esa barrera apenas llega al 50%, un análisis cuantitativo daría como resultado la necesidad de dar conexión a unos 120.000 asturianos para alcanzar el porcentaje requerido. Quedan pendientes, como siempre, los más desatendidos, 120.000 habitantes de la Asturias rural que agrupados serían el tercer municipio más poblado de la región. El desafío, contenido en un plan de mejora de los servicios de banda ancha, otorga a los operadores un plazo de apenas un año para mejorar la conectividad de la Asturias rural, la menos atendida, esa en la que la desconexión obstaculiza el arraigo y la recuperación de una población en dolorosa retirada, casi irremediablemente perdida.

El Gobierno reactiva con este plan una vieja contrapartida que se exigió en 2011 a los operadores adjudicatarios de licencias de telefonía móvil de cuarta generación (4G). Los beneficiados en la subasta, y ahora obligados a cumplir con la condición asociada a ella, son Telefónica, Vodafone y Orange. Pronto empezará a contar el periodo de dos meses del que disponen para presentar ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital un plan de abordaje de la obligación, planteada también bajo la amenaza de un castigo por incumplimiento en el que se advierte a las tres empresas de que desatender este encargo podría conllevar la revocación de la concesión de telefonía que recibieron en 2011, "sin perjuicio de las responsabilidades sancionadoras en que se pudiera incurrir". Dentro del despliegue requerido, además, las compañías no podrán computar aquellas otras actuaciones de extensión de redes de comunicaciones que hayan acometido con ayudas públicas, lo que significa que deberán afrontarlo sin el auxilio financiero de las administraciones.

Es este plan, en fin, la estrategia que ha encontrado el Gobierno para que alguien le ayude a tratar de acercarse a los exigentes propósitos de conectividad impuestos desde la UE, algunos de los cuales están ya flagrantemente incumplidos en Asturias. Ya no será posible generalizar la internet básica de diez megas en 2017 -el último dato cifra la cobertura en la región en un 83 por ciento-; en 2020 debería estar completa la de treinta, donde el porcentaje actual ronda el 83.

La expansión que mantienen las "zonas blancas", esas áreas sin cobertura de banda ancha ni previsiones de tenerla de ningún operador en un plazo de tres años, va a hacer difícil el cumplimiento de los propósitos del programa: en Asturias persisten 6.516 en prácticamente todos los concejos y suman casi 190.000 habitantes sin servicio de calidad. La exigencia recién impuesta para implicar a las operadoras coincide en el tiempo y en el espacio con el "plan 300x100" de la última fase del Gobierno de Mariano Rajoy, que en marzo de este año acordó destinar 525 millones de euros de fondos europeos al propósito de proporcionar "banda ancha ultrarrápida" al 95 por ciento de la población de cada provincia.

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