El fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro tomó posesión el pasado lunes en Madrid como miembro de la Fiscalía Anticorrupción, donde estará al menos un año e investigará desde asuntos de corrupción a crimen organizado. Atrás queda más de una década de desempeño en Asturias, donde ha tocado todos los palos, desde menores a delitos económicos, medio ambiente, urbanismo y contra la administración pública, el área que prefiere.
Delitos ambientales. Según Cabaleiro, "el delito más habitual dentro del área de Medio Ambiente son los incendios forestales, aunque el año pasado y el anterior crecieron los delitos contra la ordenación del territorio -como cabañas ilegales o convertidas en viviendas-, porque los ayuntamientos comenzaron a denunciar más". Por contra, "los delitos de caza ilegal, como el uso de lazos, han bajado bastante, porque hubo muchas condenas".
No solo para pastos. El fiscal resalta la dificultad de acusar a los incendiarios. "Cuando se descubren los fuegos, ha pasado un tiempo, y lo prioritario es apagarlo, no ponerse a investigar", explica. "En Asturias, hay muchas condenas por incendios para regenerar pasto, más fáciles de probar, pero no todos son por eso", advierte. Y hay otras dificultades: "La gente no es proclive a declarar contra un vecino, y hay una cultura favorable a las quemas".
Quemar por quemar. Cabaleiro indica que "varios incendios de la última oleada de finales del año pasado en el Occidente solo buscaban destruir por destruir". Unos meses antes, en abril de 2017, ardieron casi 600 hectáreas en Grandas de Salime, y en ese caso se cogió al autor. "Su intención era quemar por quemar. Es la mayor petición de prisión por un incendio en Asturias", indica.
Descenso de acusaciones. En la última memoria de Fiscalía, Cabaleiro constató que el cambio de funciones de las Brigadas de Investigación de Incendios (Bripas) ponían en riesgo las acusaciones. "Antes hacían un informe de causas, y otro que podía orientar más la acusación, al señalar presuntos autores. Hubo una reorganización y se quiere que solo hagan informes de causas. La investigación de los autores la realiza la Guardia Civil. Con el nuevo sistema hay un descenso de las acusaciones", indica.
Vertidos industriales. El fiscal se ha encontrado con la dificultad de probar los vertidos ilegales. "Es un delito que exige un riesgo, que es complicado de probar, y la instrucción es muy difícil. La administración no tiene mucho personal para controlarlo. A veces, no se toman muestras en el punto de origen", explica.
Independencia fiscal. Cabaleiro ha trabajado en asuntos con trasfondo político, como el caso del exalcalde de Cudillero, Francisco González. "Aquí, en la Fiscalía, ni hay política ni hay ideologías. Nunca he recibido una orden de lo que tengo que hacer. Cuando hay una diferencia de criterio se eleva al Consejo Fiscal. Las órdenes son sobre la interpretación de los delitos, en genérico, no casos en concreto. Los fiscales son independientes, como los jueces. Al final, es la conciencia y la responsabilidad de las personas", señala.
El fiscal, instructor. También es firme partidario de que la instrucción la lleve la Fiscalía. "Es lo que sucede en los países de nuestro entorno. El sistema dual que tenemos ahora genera retrasos. El problema es que obligaría a un cambio estructural importante y a dotar de más medios. No afectaría a la independencia", cree. Y remacha: "No hay nada que garantice más la independencia que la transparencia".
