Podemos y el Gobierno del Principado han llegado al momento final de la negociación del presupuesto de 2019 "venciendo resistencias" y acercándose muy poco a poco, acordando casi por completo unos asuntos y dejando otros para el último día, que debe ser hoy. De los tres asuntos que la formación morada quiso "centrales", o decisivos para asumir las cuentas del Ejecutivo y allanar su primer pacto presupuestario con el PSOE, anoche quedó próximo al pacto el que se refería a la propuesta de ampliación de las plantillas de médicos. Quedan las dos cuestiones educativas, las de las matrículas de los niños y los universitarios. Restan los avances hacia la gratuidad de las escuelas para menores de tres años que aún demanda Podemos y la rebaja de las tasas de la Universidad, pero puede que el acuerdo nunca haya estado tan cerca. De hecho, en los precios de la Universidad "un pequeño esfuerzo" más a partir del 20 por ciento que sugiere el Ejecutivo bastaría para el pacto, según el portavoz podemista en la Junta, Enrique López.

Las posturas se acercaron ayer, en una intensa jornada de conversaciones que a poco más de 24 horas de que el Gobierno registre mañana su proyecto de cuentas en la Junta dejó muy próximo al cierre al menos la parte del disenso que se refiere al personal sanitario. El Gobierno satisfizo a Podemos asintiendo a mejorar su contraoferta en este terreno y comprometiéndose a dar cobertura a 60 vacantes de médicos, algo más de tres millones y medio de inversión que añadir a las más de 600 plazas sanitarias ya comprometidas -301 de nueva creación y el resto de consolidación-, lo que en palabras de López equivale a "admitir que las listas de espera se combaten contratando más personal y más médicos". Eso da pie a vaticinar un acuerdo en este asunto que para que sea total debe completarse con otros dos sobre la gestión de dos niveles educativos: el infantil de cero a tres y el universitario.

El Gobierno también se movió ayer al menos en el primero de ellos. Ya había ofrecido que la partida de la educación para menores de tres años subiese a 16,2 millones, un 34 por ciento más que en el fallido proyecto de hace un año, y ayer hizo otro esfuerzo. Se comprometió a convertir esos fondos en un "crédito ampliable", similar al que cada año cubre el salario social. De ese modo, el presupuesto partiría de esa cantidad, pero adicionalmente garantizaría posibles incrementos durante el ejercicio para que ninguna petición de los ayuntamientos para ampliar la red quedara sin fondos para la construcción, mantenimiento o personal. La secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo, invita a valorar que ese compromiso se adquiriría "por primera vez" y que "daría mayor impulso a la implantación en el territorio", pero a Podemos aún le falta algo. Enrique López, que asume que eso "va en camino hacia la garantía de universalizar" el servicio, echa de menos los pasos que ellos también piden hacia su gratuidad. "Seguimos en el cincuenta por ciento", la rebaja que el Ejecutivo acordó con cargo a la prórroga de este año y ahí "aún hay recorrido".

Igual que en las tasas universitarias, donde el Principado, dicen, tiene margen "para mejorar su contrapropuesta". Podemos mantiene el objetivo de sacar de este proceso las matrículas más baratas de España y acepta que tal vez no hará falta llegar a la bajada máxima del 55 por ciento con la que empezaron a hablar, pero también reclama ese "pequeño esfuerzo" por encima del 20 en el que se mantuvo ayer el Gobierno.

El parte de ayer tiene eso y añade la satisfacción podemista con el compromiso del Gobierno de crear una unidad de inspección ambiental para vigilar a las grandes industrias. Tiene eso y un anexo con diez millones en inversiones en concejos al que el Ejecutivo también respondió ayer y que el equipo negociador de Podemos estudiaba a última hora. Para el resto aún hay plazo hoy, o más bien hasta la reunión del consejo ciudadano autonómico que Podemos ha convocado para las cinco. De momento, "estamos venciendo resistencias que parecían imposibles de solventar hace dos semanas", apuntaba anoche López.

Resultó ayer que las respuestas del Gobierno empezaron a entrar en los buzones de sus interlocutores a eso de las seis menos diez de la tarde. Antes, el ruido que acompaña a esta negociación había crecido cuando el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, lamentó la actitud del Principado, que a su juicio "complica la negociación entorpeciendo el proceso y demorando la entrega de información clave". Ripa hizo al mediodía la llamada prometida al líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, y volvió a requerir su "máxima implicación" en las conversaciones. Barbón no comenta, dijo, sus diálogos privados, pero Gimena Llamedo, representante del aparato de la FSA en las reuniones, mandó por delante el trabajo del Gobierno y del partido y su compromiso con el acuerdo e invitó a la otra parte a considerar que para componer contraofertas fiables es necesario "un análisis exhaustivo", cálculos complejos y requerimientos de documentación a diversas consejerías. "Lleva su tiempo", justificó.

El caso es que a las seis menos diez llegó el documento de respuesta, a las nueve y diez el segundo con la réplica a las ofertas de inversión municipal y que hoy debería sustanciarse la última reunión, para la que Podemos sigue reclamando la presencia de Barbón.