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El taxista acusado del crimen de La Felguera, testigo del "caso Hulla"

Suspenden la declaración de Nelson A., socio de una firma con facturas sospechosas en la obra del geriátrico, al estar preso

El taxista preso por el crimen de La Felguera, en el que Iván Castro recibió tres tiros, uno de ellos en la cabeza, en un garaje de La Felguera hace un año, es testigo en el "caso Hulla". Ayer estaba llamado a declarar ante la jueza de instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, pero no pudo comparecer al encontrarse en prisión provisional.

Se trata de Nelson A., quien fue citado a petición de la Fiscalía Anticorrupción en calidad de comunero (miembro de una comunidad de bienes) de la sociedad Riberastur. Según las investigaciones, esta empresa habría emitido tres facturas por trabajos de albañilería en la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller) por importe de 43.700 euros, sin IVA. Pero en realidad corresponderían a obras realizadas en el complejo residencial de Murcia y en sucursales bancarias de Asturias y Cantabria. Y además, estaría duplicadas. Tampoco comparecieron ayer otros dos testigos: la administrativa y el arquitecto de la constructora Alcedo de los Caballeros. La suspensión de sus declaraciones se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera al Juzgado varios correos en los que ambos se intercambiaban información con el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, cuando todavía no se había adjudicado.

Sastre formaba parte de la comisión técnica del Montepío de la Minería que debía adjudicar el proyecto y al parecer incluso en alguno de ellos daba instrucciones sobre el resto de ofertas y la de Alcedo de los Caballeros. La Guardia Civil está aún analizando estos correos y es posible que los dos testigos cuya declaración se suspendió ayer, puedan ser llamados a testificar, pero en calidad de investigados.

Otra de las testigos que declaró fue una trabajadora de la asesoría fiscal que utilizaron el exlíder minero José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo, para legalizar algo más de 1,6 millones de euros aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno del PP. También declararon en calidad de testigos varios proveedores, que en líneas generales vinieron a ratificar que existió duplicado de facturas y manipulación en algunos casos. La jueza instructora ha llamado a declarar hoy, en calidad de investigados, a la esposa del constructor del geriátrico de Felechosa y a su socio.

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