Hace seis días que el Parlamento Europeo dio su visto bueno a un mecanismo para reservar a la Unión la facultad de recortar fondos a las naciones que fallen en el combate contra el fraude y la corrupción o flaqueen en el respeto a los valores del estado de derecho. Eso es un indicio de una crisis, de una fractura en el respeto a las leyes y el ejercicio de las libertades que está pidiendo una evaluación de alcance y una acción de intercepción. La incógnita que queda en el aire, y cuya respuesta acometió ayer en Oviedo el jurista húngaro András Jakab, pregunta cómo se mide el grado de adherencia de una nación a la democracia de calidad y a las estrategias del buen gobierno. ¿Se puede calcular el compromiso con el estado de derecho?

Jakab (Budapest, 1978), profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad austriaca de Salzburgo, contestará que sí. Él defiende la utilidad del "índice de estado de derecho" del Proyecto de Justicia Mundial -WJP, por sus siglas en inglés-, la entidad independiente con la que colabora y que mediante el análisis de datos concretos y opiniones de expertos y ciudadanos clasifica a los países según una compleja metodología que desemboca otorgando a cada uno un registro entre 0 y 1. De 120 estados analizados, España es el número 23, inmediatamente por detrás de Portugal y Uruguay, por delante de Costa Rica y Polonia.

Invitado al "Espacio Fundamentos", el foro de pensamiento promovido por la Junta General del Principado y la Universidad de Oviedo, el experto situó el punto de partida en la constancia de que "la UE está viviendo una crisis del estado de derecho". Por eso se hace necesario un diagnóstico certero para empezar a cambiarla. De ahí la utilidad de la herramienta de cuantificación del WJP, que explica con números el compromiso de las naciones con el buen gobierno y mide el respeto a la ley a través, entre otros parámetros, de la "ausencia de corrupción", la calidad de la administración de justicia, la separación de poderes o los niveles de seguridad y respeto de cada estado a los derechos fundamentales. "Hace falta un mecanismo de evaluación del estado de derecho basado no sólo en datos cualitativos, sino también cuantititativos".

En todo esto domina Escandinavia, del primero al cuarto clasificado van en el último ranking y por este orden Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. El vigésimo tercer puesto de España en la clasificación mundial está "relativamente bien", puntúa el experto, pero la evaluación depende de con quién se le compare. "Está muy bien", puntualiza, "si la miramos en un grupo con criterios geográficos, que se restrinja a Norteamérica y Europa, pero si agrupamos los países por ingresos per cápita España se encuentra en ciertos parámetros en un nivel medio, o medio bajo" -aquí estaría en el puesto 23 de 35 países-.

Los lastres son según su análisis la percepción de corrupción, sensiblemente más alta que otros países y circunscrita a los políticos -"las puntuaciones son buenas respecto a la percepción del Ejército y las fuerzas de seguridad"-, y la lentitud de los procesos judiciales. La visión respecto a las corruptelas de los legisladores es, de hecho, el único parámetro de los 44 considerados que no llega al aprobado, al 0,5 sobre 1, y al experto le sorprende que sea también "el orden y la seguridad" uno de los capítulos en los que España puntúa menos. En el lado fuerte de la balanza estaría el respeto a los derechos fundamentales -aunque en la lista propuesta son los laborales y la libertad de expresión los menos valorados- o la disponibilidad y uso de herramientas de participación y gobierno abierto.