Más de 1.500 empleados públicos del Principado están en vilo por el blindaje de los interinos de larga duración que pretende el Gobierno regional, en contra del criterio de todos los sindicatos de la función pública. El Ejecutivo autonómico trabaja en un nuevo decreto de regulación para la contratación de personal temporal que da prioridad a la continuidad de los llamados "eterninos", una propuesta que cobra especial relevancia cuando están a la vuelta de la esquina los procesos de oposición de empleo público más voluminosos del Principado.
Tras más de una década sin sacar oposiciones, la Administración regional tiene en marcha procesos para cubrir 1.550 plazas de funcionarios. La cruz de esas oposiciones consiste en que, una vez resueltas, habrá que cesar al personal que ha cubierto esos puestos de trabajo de manera provisional durante la última década. Ante esa situación, el Gobierno regional ya trabaja en un decreto de regulación de personal temporal que incluye un cambio drástico en la política del Principado sobre los criterios de cese. La dirección de Función Pública plantea que a partir de ahora "en el supuesto de que existan dos o más puestos de trabajo idénticos, cesará el que tenga un nombramiento o contrato más reciente".
"Acuerdo tácito"
Todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación han rechazado una medida que, a juicio de USIPA, resulta "preocupante" porque supone "la ruptura de un acuerdo tácito" alcanzado en torno a 2004 con Administración asturiana que tenía un doble objetivo: por un lado repartir el trabajo entre los potenciales demandantes, por otro acabar con la figura del "eternino", interino que concatena trienios y quinquenios en empleos públicos sin tener plaza en propiedad. "Hay más de un empleado público que se ha jubilado como interino", aseguraron fuentes sindicales.
Los sindicatos están convencidos de que el Principado no se moverá de su propuesta inicial que, según algunas fuentes, tiene una finalidad: evitar tener que pagar las indemnizaciones más elevadas que requerirían los interinos de más larga duración respecto a los que han sido contratados más recientemente. La incertidumbre y el malestar por esta situación empieza a extenderse entre los cientos de empleados temporales del Principado. "No parece normal que un Gobierno que está en los últimos tres meses de su mandato tome una decisión de ese calado y cambie una norma que se remontaba a hace casi 15 años", reprochó una interina del Principado.
