Las organizaciones profesionales agrarias participarán activamente, por primera vez, en la valoración de los daños que la fauna salvaje causa a la agricultura y a la ganadería. Así se desprende del anuncio realizado ayer por el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, que presentó a los representantes de los sindicatos ASAJA, COAG y UCA la propuesta de creación de una comisión de valoración de daños por la fauna salvaje en la que se sentarán los representantes del sector agrario.
La experiencia, que funciona desde 2005 en Galicia con buenos resultados, busca dar "mayor objetividad a los procesos de inspección y de valoración de los daños y dar calidad a las inspecciones", según señaló Fernández Fano.
La propuesta también persigue dotar de mecanismos necesarios para que la decisión final sobre el pago de los daños sea lo más objetiva posible, según explicó Luis Llaneza, autor del trabajo encargado por el Principado para abordar el decreto de daños de fauna salvaje.
Llaneza considera que es una buena opción dar voz a los ganaderos a través de las organizaciones agrarias, "algo que debería haberse hecho hace ya años, para tratar de contar con más participación y para generar confianza pública en la tramitación de los daños del lobo, un asunto muy complejo". Llaneza reconoció que verificar un daño es una tarea muy complicada, entre otras cosas porque el tipo de casos es muy amplio. Destacó que hay muchas ocasiones en las que "existen dudas importantes y es necesario contar con un protocolo que logre la mayor objetividad posible".
El Viceconsejero indicó que espera que la comisión sirva para normalizar las reivindicaciones que hacen los ganaderos desde hace años, destinadas a participar en la toma de decisiones sobre la cuantificación de los daños producidos por el lobo y el resto de especies salvajes. El Principado también ha puesto sobre la mesa un baremo para tasar los daños, que partirá de la fijación de nuevos precios de referencia.
Para Ramón Artime, presidente de ASAJA, la propuesta de Medio Ambiente es una mejora sustancial que contribuirá a agilizar las indemnizaciones, pero que no acaba con el problema de fondo, que es la proliferación de la población lobera en Asturias. "El número de ejemplares aumenta y aparecen en zonas donde nunca hubo, como los municipios costeros del Occidente", recalcó.
"Me parece bien que participemos en una comisión que analizará los casos dudosos y que trate de agilizar el pago de las indemnizaciones", añadió. "Se va a cambiar el baremo y está claro que si alguien especula con los daños para sacar beneficios vamos a hacer que esas prácticas desaparezcan", resaltó Artime.
"Si logramos que haya compensaciones más justas y ágiles a través de convenios bancarios, estaremos avanzando, pero queda pendiente el control de los lobos", aclaró.
Los reparos de UCA
La Unión de Campesinos Asturianos (UCA) se mostró crítica con las propuestas, hasta el punto de que su secretario general, José Ramón García Alba, "Pachón", comentó ayer que "la nueva comisión es un intento de pasarnos la pelota a nosotros para que deneguemos las ayudas a nuestros propios compañeros; esa tarea corresponde a la Administración y nosotros nunca la vamos a apoyar", remarcó.
"Critican a muchos ganaderos porque declaran muchos daños y luego no hacen nada por evitarlos", lamentó Pachón. "Es sangrante que si un ganadero tiene una deuda con la Administración no pueda solicitar la indemnización, que es tratada como si fuera una subvención, cuando no es así", concluyó.
