Asturias coordina sanidad y servicios sociales para atender a los más frágiles

La población más frágil y vulnerable de Asturias presenta una serie de necesidades perentorias que exigen una combinación de la asistencia sanitaria y los servicios sociales. El Plan Sociosanitario del Principado 2019-2021, presentado ayer en Oviedo, buscará esa coordinación, y en la consecución de ese objetivo movilizará más de 16 millones de euros en estos tres años "para mejorar la eficacia de los servicios públicos en la atención integral y de calidad a colectivos vulnerables", según explicaron los consejeros de Sanidad, Francisco del Busto, y de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quienes estuvieron acompañados por Graciela Blanco, gerente del ERA, y Fátima Iglesias, directora de la Residencia Santa Teresa, donde se llevó a cabo la presentación.

Los destinatarios de este plan son las personas mayores o aquéllas con enfermedades crónicas, trastornos mentales o discapacidad. Entre otras medidas, el programa establece la creación de unidades sociosanitarias de convalecencia. La primera, que según ambos consejeros se pondrá en marcha en las próximas semanas, se ubicará en la Residencia Mixta de Gijón; la segunda, en la residencia Santa Teresa, de Oviedo; y la tercera, en Avilés, en un lugar aún por determinar. Cada una constará de 25 plazas, hasta un total de 75.

El documento fue aprobado días atrás por el Consejo de Gobierno. Según ambos miembros del Ejecutivo autonómico, "constituye un elemento clave para garantizar una atención equitativa y de continuidad a quienes requieren de una intervención coordinada por parte de los ámbitos social y sanitario".

El plan permitirá ahondar también en la eficiencia de ambas redes, social y sanitaria, "gracias al establecimiento de mecanismos que permitirán optimizar recursos y facilitarán la colaboración entre profesionales", señalaron Varela y Del Busto. Asimismo, "favorecerá la cualificación del personal y creará un sistema de información compartido para el manejo y seguimiento de los usuarios".

La planificación ha sido elaborada por cerca de un centenar de profesionales de los sistemas de salud y servicios sociales que integran los órganos de coordinación socio-sanitaria creados por decreto en diciembre de 2016. Todos ellos, a su vez, se encargarán de coordinar y ejecutar las actuaciones previstas.

El documento se estructura en cinco líneas estratégicas, que se concretan en 59 acciones con un total de 110 medidas. Una de las líneas, dotada con una partida superior a los 13,2 millones (la más costosa, con diferencia) , da prioridad a la intervención sobre poblaciones con necesidad de protección social y promoción de la salud, y recoge medidas como el citado establecimiento de unidades sociosanitarias de convalecencia y potenciar la atención a personas mayores con enfermedades crónicas. Para esto último, "se contratarán ocho trabajadores sociales y ocho médicos de atención primaria y/o especialistas en geriatría".

El plan prevé un aumento de 40 plazas en centros de alojamiento temporal y definitivo para personas con dependencia reconocida.