El pleito por supuesto delito societario que se sigue en Avilés contra los administradores de Sogepsa entró ayer en la Junta haciendo ruido. Desde la tribuna de invitados, donde escuchaban la intervención del consejero de Infraestructuras los expropiados por la sociedad mixta de gestión del suelo que promovieron el conflicto, se escuchó un sonoro "mentira" cuando Juan Cofiño afirmó que "estas personas -los expropiados de La Magdalena- lo han intentado en numerosas ocasiones y en todas ellas los tribunales les han quitado la razón". Respondía el Vicepresidente del Principado a una interpelación de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco y mintió, explicaron después los interpelados, porque en sus trece años de denuncias contra Sogepsa han obtenido junto a algunos fracasos unos cuantos éxitos "contundentes".
Miguel García Rúa y Francisco Sánchez quisieron recordar al Consejero y presidente de Sogepsa que una denuncia suya, perdida en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), pero ganada en 2016 en Europa, desembocó en una cuestión "clave y fundamental" en el pasado reciente de la sociedad: la apertura de un expediente de infracción desde la Comisión Europea, que entendió que el modelo utilizado por la compañía para operar en el mercado inmobiliario vulneraba las directivas comunitarias. "Se suspendieron todas las actuaciones de nuevos proyectos" de la empresa, resaltan, se la obligó a concurrir en competencia con otros operadores y se indujo al Gobierno regional a modificar su legislación urbanística para adaptarla al derecho de la Unión.
Recuerdan haber ganado también en los tribunales el pleito por el justiprecio de sus parcelas en La Magdalena (Avilés), obteniendo un incremento del 42 por ciento del valor de tasación. Reconocen, sí, haber perdido el proceso que emprendieron contra la declaración de sus terrenos como "reserva regional del suelo". También ha sido desestimado el que promovieron ante el TSJA en demanda de indemnizaciones de resarcimiento del daño causado a los propietarios por haber desarrollado urbanísticamente La Magdalena conforme a un procedimiento declarado ilícito por la UE, pero éste ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo y aún está pendiente de resolución.
"Reenfocar" la empresa
Cofiño, resumen, "ha venido a la Junta a mentir, igual que sus predecesores". El Consejero, que en su respuesta a la diputada de Vox reafirmó la voluntad del Gobierno de "reenfocar" Sogepsa convirtiéndola en una empresa íntegramente pública, y no mixta -una pretensión que fracasó por falta de apoyos en la legislatura pasada-, también defendió el futuro de una compañía que "está endeudada, sí, pero tiene muchos activos". No quiso, para evitar interferencias en los procesos judiciales, decir "ni una palabra" sobre el que se sigue en el juzgado número 4 de Avilés y que amenaza con hacer desfilar por el juzgado al menos a una parte de los cincuenta políticos y empresarios de la construcción que gestionaron Sogepsa desde 2007.
La jueza ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía tras el procedimiento iniciado por García Rúa y Sánchez ante la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público ha apreciado indicios de un presunto delito societario en la conducta de la compañía en el desarrollo de La Magdalena, en la supuesta rebaja de los precios a los que vendía las parcelas previamente expropiadas y la consiguiente posible renuncia a la parte del beneficio que le habría correspondido en favor de los compradores de esos terrenos, constructores que en buena parte formaban parte también del accionariado privado de la sociedad. Según sus cálculos, en el proyecto avilesino, de los 600.000 euros del rédito por vivienda, Sogepsa sólo ingresó 94.
