Reformar el test de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, introducir en el Código Penal el delito de feminicidio y dar protección a las mujeres que dan a conocer su situación de maltrato aunque no se atrevan a denunciar formalmente son las tres claves que servirían para avanzar en la lucha contra la violencia machista.
El 80 por ciento de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas no han presentado denuncia. También representan un porcentaje mínimo las que acuden a las fuerzas y cuerpos de seguridad para delatar a quien las acosa o persigue. Sin embargo, son muchas las que, aunque no denuncien formalmente, acuden a los centros de atención de víctimas en busca de información.
El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo, reconocido experto e investigador en violencia de género, defendió ayer que uno de los grandes fallos del sistema es que para que una mujer tenga protección debe necesariamente presentar denuncia. "El sistema se activa cuando hay denuncia, si no, están desprotegidas", afirma.
La tesis de este investigador, centrado en detectar a los feminicidas y poder aplicar políticas y medidas de prevención, es que "el mero hecho de acudir a una institución en busca de asesoramiento, debería ser suficiente para comprobar el perfil de riesgo al que está sometida la víctima y adoptar medidas de protección, aunque no haya denuncia formal", aseguró.
La red de casas de acogida del Principado es una de las instituciones a la que acuden muchas mujeres en busca de ayuda. Para entrar en este servicio no es necesario presentar denuncia previamente, y la primera medida que se adopta es poner en contacto a las víctimas con el centro asesor que corresponda para que se les informe con claridad sobre los pasos a seguir y que decidan si interponen denuncia o no. Pero por el mero hecho de estar en "la casa" no significa que estén físicamente protegidas de sus maltratadores por la Policía.
Son muchas las mujeres que se deciden a denunciar, como indican los incrementos estadísticos. Es entonces cuando en la comisaría de Policía o en el cuartel de la Guardia Civil se les realiza el test conocido como VioGen, para conocer el grado de riesgo al que se ven sometidas y establecer el nivel de protección.
Ese test ya se ha modificado en cuatro ocasiones y según el profesor Teruelo, sigue siendo inválido porque no detecta el perfil del potencial asesino.
Y pone un ejemplo. Una de las preguntas del test es si la pareja o expareja de la víctima ha tenido intenciones suicidas, teniendo que cuenta que más del 30 por ciento de los feminicidas se intentan suicidar. "La respuesta es que no, porque realmente ellos no han mostrado nunca esa intención. Pero esa negativa ya dificulta enormemente que se declare el riesgo extremo para ella, y entonces baja el nivel de protección". Añade el profesor Teruelo que está "demostrado" que el test "no acierta en la valoración, porque casi siempre sale riesgo medio, bajo e incluso inexistente".
El tercer aspecto clave en la lucha contra la violencia machista sería una modificación en el Código Penal para incluir el delito de feminicidio como tal. En la actual legislación española contempla la agravante por razones de género, pero según Fernández Teruelo, "apenas se usa porque no está clara y da lugar a interpretaciones".
El catedrático Fernández Teruelo explicó que "hay países en los que se han creado tipos penales específicos, y uno es el delito de feminicidio. El maltratador no le tiene miedo a las penas de cárcel, le son indiferentes. De hecho, son muchos los que se entregan directamente o esperan a que les detengan. Estos asesinos no han mostrado previamente agresividad física porque no se les discute el control. Es cuando ven que no pueden impedir la separación cuando matan", remarcó.
