El Principado prevé reabrir sus centros y la atención presencial al público, con cita previa, a partir del lunes 25 de mayo, pero el proceso de desescalada genera muchas dudas entre su plantilla, que se empezará a incorporar de forma "gradual" desde la próxima semana. La dirección general de Función Pública se reunió ayer con los sindicatos mediante una videoconferencia, en la que quedó patente la existencia de numerosas incertidumbres acerca de que el retorno de la actividad presencial se desarrolle con garantías para los trabajadores y los ciudadanos que vuelvan a acudir a los distintos centros y dependencias de la Administración autonómica.
La reanudación de la actividad presencial tendrá lugar sin que se hayan hecho test al conjunto de la plantilla, una inquietud trasladada por la presidenta de la junta de personal funcionario, María San José, del sindicato CSIF. Tampoco habrá toma de temperatura, ni a los empleados ni al público, que en esa primera etapa deberá acudir acuda con cita previa, una medida que ha dado excelentes resultados en las instalaciones de la sala del 112, en La Morgal. La principal medida preventiva en las instrucciones recopiladas por la consejería de Presidencia consiste en guardar una distancia de seguridad de dos metros y cuando no sea posible obligar al uso de mascarilla. "Se trata de instrucciones poco concisas, confusas que no garantizan la salud de los trabajadores", valoró la presidenta de la junta de personal funcionario que votó en contra, al igual que Comisiones Obreras. Uno de los puntos que generó mayor discusión en la videoconferencia de ayer se centró en la incorporación al trabajo presencial del personal considerado de riesgo, dentro del proceso por fases que arrancará ya a mediados de la próxima semana para culminar en la segunda quincena de junio.
La dirección general de Función Pública dijo tener conocimiento de que entre los 8.000 trabajadores de la Administración General del Principado hay unos 500 considerados de riesgo frente al coronavirus. Algunos representantes sindicales exigieron al Principado aplicar el mismo criterio del Ministerio de Sanidad, que incluye en ese grupo a trabajadores indemunodeprimidos; con problemas cardiovasculares como la hipertensión; mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años, y que serán los últimos en incorporarse al trabajo presencial en las oficinas. El sindicato USIPA exigió que el Principado siga esa recomendación, una cuestión que a juicio de San José no quedó nada clara, al igual que con la facilitación de la conciliación familiar y laboral para los trabajadores que tienen a su cargo hijos menores de 14 años o bien personas mayores. Los sindicatos también exigieron que haya comisiones de seguimiento para comprobar si las medidas funcionan realmente.
La “nueva normalidad” en las oficinas del Principado
Reincorporación por fases. La vuelta al trabajo presencial será gradual, por fases. Para mediados de la próxima semana volverán los titulares de los órganos directivos y jefes de servicio; luego se reincorporará el personal que no pueda estar en teletrabajo y del 25 de mayo al 7 de junio el grueso del personal. Los últimos en incorporarse serán los empleados considerados de riesgo, del 8 al 22 de junio. Entre los puestos de trabajo tendrá que haber una distancia interpersonal de dos metros.
Cita previa y ampliación de horario de atención al público. El público que deba acudir a realizar trámites en los servicios de atención presencial, como los registros, se implantará un sistema de cita previa y se colocarán barreras físicas. Además, se ampliará el horario de apertura y atención, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. El Principado se compromete a a flexibilizar la jornada de trabajo, para favorecer que no se produzcan aglomeraciones.
Los ascensores, punto de riesgo. Se dará prioridad a las personas con discapacidad para el uso de ascensores. Se limitará el aforo en función de su tamaño, procurando que viaje un único ocupante. “En las oficinas del Calatrava será un gran problema”, según los sindicatos.
Comités de seguridad y salud. Los sindicatos exigen los comités de seguridad y salud y que haya una comisión de seguimiento que vele por la aplicación de las medidas.
