Frente casi común de los grupos políticos asturianos para defender en Madrid una postura uniforme sobre cómo debería de ser el nuevo modelo de financiación autonómica que, evidentemente, tenga en consideración las peculiaridades y necesidades del Principado. Entre ellas, la dispersión de la población o la cada vez mayor tasa de envejecimiento. Solo Vox no firmó el acuerdo alegando que alimenta un modelo de Estado -el de las autonomías- "ineficaz". Salvo ese descuelgue y después de casi ocho meses de negociaciones, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, IU y Foro, sellaron un pacto con el objetivo de mostrar músculo para, coincidieron, buscar un mejor reparto de los recursos destinados a Asturias una vez que se abra la batalla entre territorios. Pero, esa imagen de unidad no fue gratis, hubo algunos grupos que en aras del acuerdo tuvieron que renunciar a algunas de sus principales reclamaciones. Uno de ellos fue el propio Gobierno: desistió de reclamar su propuesta de armonización fiscal entre comunidades -para evitar, por ejemplo, que Madrid pueda poner unos impuestos más bajos que el Principado-, uno de las demandas más reiteradas del ejecutivo autonómico.
PSOE, Podemos e IU, los tres firmes defensores de esa armonización impositiva que ponga fin a la guerra fiscal entre comunidades, acordaron buscar otro tipo de fórmulas para exigir esa igualdad. "Necesitábamos un documento de consenso y que defendamos en nombre del Principado de Asturias, no solo de su Gobierno", señaló la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. "Ha habido que renunciar, todos los grupos lo han hecho. Nosotros pedíamos esa armonización fiscal pero creemos necesario renunciar a ella para que hubiera consenso", dijo.
Con esas premisas, los seis grupos políticos y el Gobierno firmaron un documento en el que se pide al Ejecutivo nacional que en la reforma de la financiación autonómica se tengan en cuenta criterios como las necesidades de gasto de cada territorio y que no esté basado en la riqueza de las regiones. "Los ciudadanos deben recibir unos niveles de servicios públicos similares independientemente de dónde vivan", apuntó Cárcaba. Y añadió que el nuevo modelo debería tener en cuenta "el coste real de los servicios" y que sea sensible a problemas de Asturias como el envejecimiento de la población, la dispersión, el gasto sanitario... a la hora de llevar a cabo el reparto del dinero entre las autonomías. A mayores, todos los grupos firmantes están de acuerdo en buscar el apoyo de otras comunidades con unos problemas similares a los del Principado. "Eso nos dará una postura de fuerza en la negociación", dijo Cárcaba. No habrá armonización de los impuestos, pero Asturias sí que reclamará que haya una mayor coordinación entre las agencias tributarias para intentar acabar con el fraude fiscal. Ana Cárcaba resaltó que con la reforma de la financiación autonómica que asoma "todas las comunidades van a salir ganando. Todas hemos detectado que el modelo actual es insuficiente y necesitamos uno que sea capaz de cubrir el coste de prestar los servicios públicos, de la sanidad, los derechos sociales, la educación...".
La valoración entre el resto de firmantes, lógicamente, fue muy positiva. Sin, casi, voces discordantes. La portavoz del PSOE en el Parlamento asturiano, María Dolores Carcedo, aseguró que "es un acuerdo importante sobre un tema fundamental para Asturias y que es esencial que se aborde cuánto antes. Será una negociación vital para tener los recursos suficientes para dar los servicios que tenemos transferidas las comunidades autónomas". El PP también vio colmadas sus expectativas. La portavoz popular, María Teresa Mallada, sí que lanzó alguna que otra puya. "A nosotros nos gustaría que el consenso que hemos alcanzado a la hora de pactar este documento también se viera reflejado en otros recursos como el presupuesto autonómico. El presidente del Gobierno regional (Adrián Barbón) quiere llegar a acuerdos en aquellas cuestiones que tiene que defender ante el Ejecutivo central pero luego en todo aquello que tiene que gestionar nos deja totalmente de lado", recriminó.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Gil, resaltó el hecho de que en el documento se hayan recogido muchos de sus planteamientos como que "el coste de la financiación autonómica esté ligada al coste real de los servicios prestados a la ciudadanía. Sería preocupante que salieran adelante otros criterios como los basados en la población que beneficiarían a Cataluña y Madrid".
Laura Pérez Macho, de Ciudadanos, agregó que la futura financiación autonómica debe preservar los principios de "igualdad, solidaridad para que todos los ciudadanos accedamos a los mismos servicios públicos, y que sean de calidad". Adrián Pumares, de Foro, puso el acento en que "ahora le compete a Barbón demostrar esa capacidad de influencia en Madrid". Finalmente, Ángela Vallina, de IU, agregó que "todos hemos cedido, y debería cundir el ejemplo" promoviendo el Gobierno más acuerdos de este tipo.
Vox, la única voz discordante con el acuerdo, criticó que el documento es una estrategia para "engordar el estado de las autonomías". Su diputada, Sara Rouco dijo que "sorprende que el PP saque pecho del consenso y que base ahora su estrategia en, supuestamente, defender los intereses de Asturias frente al Gobierno nacional, como un PNV cualquiera".
