La vida de Ana (nombre ficticio) se convirtió en un infierno cuando cursaba Segundo de Bachillerato en el Instituto Monte Naranco. D. D. L. P., un repetidor de 19 años, la tomó con ella y le hizo la vida imposible de tal forma que tuvo que someterse a tratamiento al presentar un cuadro de ansiedad que le impedía estudiar. Esta mañana lo ha relatado en el Jugado de lo penal número 2 de Oviedo: "Había veces que no podía ir al instituto, cuando faltaba mi compañera de pupitre me angustiaba, porque sabía que él se sentaría y me pondría la mano en el muslo. En casa no podía concentrarme, empecé a fallar en los estudios. Una vez me pegó una bofetada porque yo no tenía unos apuntes que él me pedía. Me preguntaba por qué no quería que me tocase, que cuándo iba a su casa para chupársela. Nos intentaba meter la mano por dentro de la camiseta y a una compañera por debajo del pantalón. Le pedíamos constantemente que parase, era continuo", relató la joven, hoy mayor de edad. Según corroboraron sus compañeras, no fue la única víctima de los abusos, aunque posiblemente fue la más afectada psicológicamente. El forense considera que sufre los efectos del acoso sexual al que fue sometida.
El acusado, un chico de origen latinoamericano, se deshizo en disculpas: "Pude tener un lenguaje obseceno e inapropiado, pero nunca quise molestar a las compañeras, no quería tocarles las narices a una chicas tan buenas. Creí que tenía confianza con ellas, cuando me enteré que me habían denunciado no podía creerlo". Efectivamente, el joven fue expedientado en 2019 tras la denuncia que presentaron sus compañeras de clase ante el tutor del curso. El supuesto acosador les pidió perdón por carta, se fue del instituto, después de que el expediente se resolviese con su expulsión del centro durante un mes, y ha terminado consignando el dinero reclamado tanto por el ministerio público como por la acusación particular, motivo por el que su abogado, Manuel Alonso Niño, considera que concurre una triple atenuante. El joven reiteró al final del juicio su petición de perdón y encareció a la magistrada Elena Álvarez, que tuviera en cuenta los efectos que para su futuro y su economia tendría una condena.
El ministerio público mantuvo su petición de un año y dos meses de cárcel por un delito de abusos sexuales y otro de acoso, así como la prohibición de aproximación durante cuatro años y una multa de 1.620 euros, así como una indemnización para la víctima de mil euros. La acusación particular, ejercida por la joven y su familia, bajo la dirección letrada de Rafael Felgueroso, solicitó una condena de un año y cuatro meses de prisión, así como otros cuatro de alejamiento.
