La necesidad de dar una respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19 ha llevado al presidente del Principado a abrir un melón de mucho calado en un momento crítico, como es el final de los 99 días de estado de alarma para combatir la pandemia y el inicio de la llamada "nueva normalidad". En su comparecencia ante los medios para hacer balance de este periodo de excepcionalidad que concluyó la pasada medianoche, Adrián Barbón anunció ayer la puesta en marcha de una reforma "muy amplia" de la Administración autonómica para "modernizarla", "adaptarla al siglo XXI", "reconstruirla" y hacerla "sostenible".
En el momento actual, el Principado tiene 36.907 empleados públicos. Hace una semana, Barbón declaró a LA NUEVA ESPAÑA que "Asturias no puede permitirse una Administración de 50.000 personas". "A mí me gustaría tener una Administración mucho más amplia, pero los números son los que son", agregó ayer. El Presidente descartó que este proyecto pueda eternizarse: "Tiene que darnos tiempo en esta legislatura", que concluirá. si no hay contratiempos, en mayo de 2023.
A juicio del Presidente, "tenemos una Administración del siglo XX en cuanto a funciones, competencias y desarrollo del trabajo, y está claro que hay que actualizarla". ¿En qué línea puede avanzar esta remodelación de un ente que en 2021 cumplirá 40 años, como el Estatuto de Autonomía de Asturias? "Va a ser muy amplia y se hará de forma dialogada", indicó Barbón, quien enfatizó la necesidad de buscar una "realidad comparada" para determinar "cómo podemos ser más productivos y más eficaces".
Preguntado por este periódico si cabe pensar en un aumento de la movilidad y de la flexibilidad funcional de los empleados públicos, el jefe del Ejecutivo señaló: "Ese puede ser uno de los parámetros que haya que examinar". Barbón dio alguna pincelada más de las ideas que tiene en su cabeza: "Un chequeo de la situación para detectar debilidades y fortalezas y ver dónde puede sobrar y faltar personal". Y, como derivada del reciente confinamiento, se ha hecho patente la necesidad de adaptar el aparato administrativo "a los nuevos medios tecnológicos" y ver "qué papel va a jugar el teletrabajo en el futuro".
El objetivo de reformar la Administración acarrea una redistribución de competencias entre los miembros del Gobierno. Hasta el momento, el área de Función Pública dependía de la Consejería de Presidencia. Barbón ha encomendado la nueva tarea al vicepresidente, Juan Cofiño, cuyo departamento pasará a denominarse Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Este nuevo cometido de Cofiño se suma a otro que ya tenía y que Barbón juzga complementario: la dirección de la comisión delegada de reconstrucción económica, en la que figuran otros consejeros.
Como contrapartida, el vicepresidente pierde las competencias sobre infraestructuras, que pasan a depender de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, que tiene al frente Alejandro Calvo. "Las infraestructuras están muy ligadas a la cohesión territorial y a la protección del medio rural", argumentó Barbón, quien añadió que "el medio rural sale revalorizado de esta crisis" y que, como muestra, "hay mucha gente planteándose comprar casa o arreglar la casa de sus abuelos para ganar calidad de vida, siendo conscientes de que un futuro confinamiento, que esperemos que no lo haya, se vive de forma muy diferente en la ciudad y en el medio rural".
Adrián Barbón anunció, asimismo, la celebración, en la primera quincena de julio, de "un memorial" de homenaje a "las 366 personas fallecidas con coronavirus" en la región. Esta cifra es la que maneja el Observatorio de Salud en Asturias y está alejada de los 334 muertos que el Ministerio de Sanidad asigna al Principado.
