La reforma de la Administración anunciada ayer por el Presidente regional ha sido bien tomada por los administrativistas asturianos, quienes sostienen que su estructura había quedado obsoleta y que esta crisis es un buen momento para abordar cambios. La receta de los expertos se resume en más controles, menos gasto y mayor flexibilidad.
Para el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo Lora, la "muy necesaria" y "oportuna" reforma debe pasar por un "asunto fundamental, el control del gasto: la Administración debe mirar por el gasto, ver críticamente en que se ha gastado el dinero y si se puede gastar mejor". Huergo advierte sobre el llamado "efecto Mateo" ("dinero llama a dinero"): "El gasto social acaba beneficiando a quien más tiene; por eso hay que revisar las subvenciones y muchos gastos. La Administración dedica mucho esfuerzo a controlar mediante licencias y no se hace bien, es superfluo, redundante". Alejandro Huergo resume su propuesta: "Se puede controlar más y mejor, con menor gasto"; y resalta que la sanidad pública debe ser objeto de especial atención.
El también catedrático Leopoldo Tolivar entiende que la reforma "tendrá relación con los sucesos que estamos padeciendo, supondrá una reestructuración de funciones, órganos y efectivos, dará cobertura legal al teletrabajo, y normativizará el acceso electrónico". Para Tolivar, se tratará de "una simplificación, una readaptación de órganos y efectivos". La cuestión del acceso de los ciudadanos exigirá, por ejemplo, "dotar de banda ancha a toda Asturias y gratuidad de wifi en zonas donde es difícil acceder aún". No obstante, aunque cabe la reorganización, "no se podrán cambiar las bases de régimen jurídico, lo cual corresponde al Gobierno central".
Miriam Cueto, también catedrática de Administrativo, cree que "Asturias necesita un impulso en procedimientos, que un mayor número de gestiones pueda hacerse por vía telemática". La exdirectora de Universidades sostiene que, en la pasada crisis, la Administración sufrió un parón que "dejó a los ciudadanos desamparados". Estima que debe modernizarse el régimen jurídico o la legislación financiera, y una cuestión crucial: "El empleado público tiene que adaptarse a medida que evolucionen las necesidades, hay que modernizar el empleo público, respetar los derechos de los empleados, pero sin olvidar que están al servicio del ciudadano". Por tanto, flexibilidad.
