Las grandes reformas autonómicas, como la anunciada el sábado por el presidente regional, Adrián Barbón, suelen toparse con dificultades severas si no están acompasadas con cambios impulsados desde el Gobierno central. Esta es la premisa esencial que manejan los expertos en Derecho Administrativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA. Dicho de otro modo, acometer cambios de calado en estructuras con décadas de antigüedad requiere dosis importantes de consenso en el seno de una región y con la Administración general del Estado. Máxime cuando en un proceso de modernización resulta inevitable que haya colectivos que se sientan perjudicados y activen todo tipo de maniobras jurídicas para defenderse.
En definitiva: "Una reforma en profundidad de la Administración pública no es que sea necesaria, es que resulta imprescindible, pero no puede ser abordada de forma individual por una comunidad autónoma", explica un buen conocedor del entramado público. ¿Por qué? "Porque las normas fundamentales en esta materia son de competencia estatal", añade.
La Administración del Principado cumple en 2021 cuatro décadas de historia. Fue alumbrada con el Estatuto de Autonomía de Asturias. En el momento actual tiene en sus filas 36.907 empleados públicos. Y a nadie se le escapa que es la principal fuente de empleo de cierta calidad en la región.
Hace una semana, Barbón declaró a este diario que "Asturias no puede permitirse una Administración de 50.000 personas". Un mes antes, el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, había dicho que "debemos hacer una gran reflexión para ser más eficientes en la Administración, y eso incluye todos los capítulos, también el de personal". Cofiño ha de pasar ahora de la reflexión a la ejecución.
En la crisis sanitaria del covid se hizo aún más patente que la rigidez de la Administración impide dar respuesta a problemas nuevos y cambiantes. Por ejemplo, cuando surgieron necesidades urgentes en determinados sectores terminó siendo más fácil -o menos impopular- realizar contrataciones que mover a los efectivos en plantilla. Otro ejemplo: el teletrabajo ha ganado protagonismo, pero debe ir vinculado a la asignación rigurosa de tareas y al control y evaluación de las mismas.
Como consecuencia de lo dicho, surge una pregunta: ¿Cabe confiar en que el Principado implante mejoras de organización y productividad entre sus empleados? Respuesta de los expertos menos optimistas: "Obviamente, sí, pero no serán del calado necesario". Y luego estarán las dificultades de orden humano. Por ejemplo, cuando se alude a la redistribución de efectivos, a pasar funcionarios de donde se necesitan menos a donde se necesitan más, lo previsible es que cada consejería proclame que no sólo no le sobran efectivos, sino que le hacen falta más.
La reforma de la Administración autonómica está sobre la mesa y ha sido encomendada a un vicepresidente que recorre el último tramo de su vida laboral y al que, sobre el papel, no le va a temblar el pulso. El tiempo irá desvelando si su cometido, además de necesario, es posible.
