La necesidad de reformar la Administración pública asturiana cosecha tanto respaldo como escepticismo sobre el éxito de una titánica labor que viene antecedida de varios fracasos. El diagnóstico y las soluciones para lograr una mayor eficiencia, eficacia y agilidad están "localizados", señalaron ayer los expertos consultados: hay que medir la productividad y premiarla, acabar con las rigideces del sistema y agilizar la burocracia. Pero los problemas son múltiples, porque la Administración del Principado cuenta con 36.907 empleados públicos entre los que se dan las más variadas circunstancias, pero que en ningún caso aceptan una modificación de derechos, de condiciones. Y mucho menos retributivas. Luego están, añaden las mismas fuentes, las condiciones "políticas", porque ya no hay mayorías y las negociaciones se pueden tornar tremendamente difíciles, no solo con la oposición, sino también con los socios de Gobierno.
El objetivo último de la reforma que se plantea el Ejecutivo socialista de Adrián Barbón es conseguir una Administración pública regional más ágil y más eficiente. Y eso se consigue, según los expertos, con una reorganización basada en la productividad. Hay cierto consenso en que no se pueden tocar los derechos adquiridos y que las retribuciones deben ser dignas, pero también en que el trabajo de los funcionarios debe ser medible, medido y premiado, o no, igual que ocurre en la empresa privada.
"Todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico y con que hay que reformar la Administración del Principado, pero la pregunta es: ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se mete ahí?", señaló un experto que reclamó anonimato. El primer paso es "centrar el tiro". Es decir, saber exactamente en qué servicios, categorías laborales y ámbitos se quiere aplicar la reforma, para después empezar a aplicar "los criterios que desde hace años se aplican en la empresa privada, como medir la productividad y la eficiencia, la movilidad, adaptarse a nuevas formas organizativas...".
Otra de las personas consultadas, que imparte docencia en la Universidad y que tampoco quiere figurar, indicó que a la hora de aplicar una reforma es necesario saber "si sobran bedeles y faltan profesores, o si me falta gente en ventanilla para atender al público y me sobra en gabinetes y oficinas". Pero una vez analizado esto, hay que actuar, "y ahí está lo complicado. No vale con hacer un examen, convertirse en funcionario y echarse a dormir moviendo cuatro papeles al día o dando cuatro clases. Los salarios aumentan porque se cobran trienios, quinquenios... Y luego están los derechos adquiridos. En la Universidad se han hecho varias reformas y es necesario adaptarse para no quedarse fuera y mantener la institución en el ranking nacional e internacional", señaló.
Uno de los riesgos que siempre se ponen sobre la mesa a la hora de negociar la medida de la productividad es quién, qué y cómo se mide. "Cada vez que se ha planteado, ha fallado la propuesta porque nadie se fía de los mecanismos con los que se va a valorar, ni tampoco los efectos económicos en el bolsillo de cada uno. Así que nunca ha sido posible llegar a un acuerdo", remarcó un funcionario de una Consejería.
El teletrabajo es otra de las oportunidades -y también de los problemas- que se plantean a corto y medio plazo. Distintas fuentes coincidieron en que no todo el mundo puede trabajar desde su casa por falta de medios. Pero, además, la Administración no está preparada para que todo el trabajo se pueda realizar telemáticamente.
"La inversión es muy superior a cualquier proyecto de los que se han planteado hasta ahora. No vale con tener una conexión de internet. Ahora se ha salido del paso durante estos meses con un enorme esfuerzo y porque todo funcionaba a paso lento, pero cuando se recupere la actividad normal es imposible porque no hay ni medios ni recursos", aseguró uno de los expertos consultados.
La relación de puestos de trabajo, la primera piedra en el camino
La relación de puestos de trabajo, la primera piedra en el camino
La primera piedra que el Gobierno regional se encontrará en el camino para abordar la reforma de la Administración del Principado es la relación de puestos de trabajo, la famosa RPT, ahora en el aire tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ) que anula las directrices del Principado para convocar 1.340 jefaturas. También en dichas directrices se sustenta el concurso de méritos tras décadas sin convocarse. Las fuentes consultadas indicaron que "es probable" que haya que negociar una nueva relación en la que se incluyan los conceptos de productividad, movilidad, teletrabajo e incluso podrían aparecer figuras profesionales nuevas.
La organización interna en la Administración regional asturiana está íntimamente ligada a la litigiosidad. Durante décadas, en lugar de convocar concursos y oposiciones, los gobiernos asturianos optaron por los nombramientos "a dedo" y la contratación de personal temporal, también con funcionarios interinos que acumulan quinquenio tras quinquenio y a los que se les ha bautizado como los "eterninos".
Las primeras denuncias de los sindicatos contra la libre designación para ocupar jefaturas datan de 2007, y fue en 2011 cuando el Tribunal Supremo tumbó el uso generalizado de los nombramientos "a dedo" de jefes de servicio, sección y de negociado.
El Consejo de Gobierno aprobó el 18 de julio de 2018 unas directrices con las que se intentó acabar con la litigiosidad para poder realizar los nombramientos. Sobre ellas se negoció posteriormente la relación de puestos de trabajo, en la que se establecen las categorías labores, funciones, obligaciones y derechos del personal autonómico. Y sobre ella, a su vez, se convocó un concurso de méritos.
El problema es que el TSJA ha tumbado las directrices sobre las que se sustentan el resto de procedimientos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró que su intención es no recurrir al Tribunal Supremo y evitar así mantener abierto el conflicto.
