Si Margarita Vega llegó hace apenas 10 meses a la Dirección de Función Pública con la novedad que suponía la presencia de una interina en ese cargo político, su sucesor, Miguel Ángel Rodríguez, marca también un precedente: será el primero que pase de una de las sociedades que cuelgan del presupuesto del Principado, Gispasa, a dirigir los recursos humanos de la administración autonómica en medio de la reforma que el presidente Adrián Barbón le ha encargado al vicepresidente Juan Cofiño.
La función pública asturiana arrastra un pesado lastre desde hace prácticamente dos décadas, un período en el que los pleitos han supuesto un varapalo tras otro para los sucesivos gobiernos del Principado. Las designaciones de direcciones generales tumbadas por los jueces, por no ajustarse a la legalidad, la anulación de un millar de jefaturas por idéntico motivo, y relaciones de puesto de trabajo (RPT)_afectadas por esa maraña de litigiosidad han sido una ingrata herencia con la que han tenido que lidiar los sucesivos "jefes" autonómicos de recursos humanos.
La reforma de la administración asturiana tiene muchas y variadas asignaturas pendientes: el relevo generacional, necesario porque el grueso de los funcionarios ingresó a finales los años 80 y en los 90 del siglo pasado; una modernización imprescindible, con el revolcón que la robotización y el avance de las tecnologías provocarán en la relación de empleos de la Administración y, no menos importante, a juicio de los expertos, un examen o revisión en profundidad del balance arrojado en estas casi cuatro décadas de funcionamiento de la maquinaria autonómica en Asturias. Una "prueba del algodón" de la que no debería quedar exentas las decenas de leyes regionales aprobadas en este periodo para saber si cumplen con el fin pretendido o no.
