Los centros concertados asturianos están dispuestos a iniciar protestas y demandar al Principado si los mantienen al margen de la inversión de 30 millones de euros prevista por la Consejería de Educación para cumplir las medidas frente al covid-19 de cara al inicio del próximo curso. "No nos gustan los problemas, pero no nos podemos callar ante esa injusticia. Es una clara discriminación cuando nosotros estamos considerados por ley un servicio público", aseguran desde Escuelas Católicas, la patronal que integra a los directores de esta red.
Asturias cuenta con 60 centros concertados, en los que trabajan unos 2.200 docentes y atiende a casi 32.000 alumnos. O dicho de otro modo, uno de cada tres alumnos no universitarios se forman la red concertada. Asturias tiene la tercera ratio más baja de alumnos por aula de España, sólo por detrás de Galicia y Extremadura. Pero en el caso de la red concertada, el Principado ocupa el primer puesto a nivel nacional.
El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, pidió a la red de centros concertados que "haga un esfuerzo, como el que hacen el resto de sectores", y añadió que "los recursos son limitados y antes que otra cosa tenemos que garantizar la sostenibilidad de la enseñanza pública".
La indignación que han provocado estas palabras es mayúscula. "La LOE establece en su artículo 108 que el servicio público de Educación lo prestan la enseñanza pública y concertada. Luego si somos un servicio público se nos tiene que atender igual que a los demás, y no discriminar", asegura Simón Cortina, presidente de la patronal Escuelas Católicas. "De manera intencionada nos equiparan con la enseñanza privada, cuando no es cierto", añade.
Carlos Robla, secretario general de la organización, asegura que quedan dos semanas para las vacaciones y los centros no saben lo que tienen que hacer porque no se han publicado las instrucciones. "Pero en cualquier caso, tendrán que hacer frente por sí solos a las inversiones y medidas que tengan que hacer para adaptarse, exactamente igual que cuando se decretó el confinamiento y durante todos estos meses", añadió.
Quedar al margen de la inversión prevista por el Principado supone, entre otras cosas, que no recibirán ayudas destinadas a la digitalización, ni tampoco para limpieza, higienización y señalización, ni podrán optar a espacios municipales si es necesario desdoblar aulas. Y desde luego, por el régimen de conciertos actual, tampoco podrán contratar a profesores en el caso de que tengan que realizar desdoblamientos.
"No se han publicado las instrucciones que se van a implantar, y según la Consejera no lo harán hasta finales de este mes, pero se sabe que se reducirán los ratios y que habrá que cumplir con medidas de seguridad, higiene, distanciamiento... En las circunstancias actuales no podemos organizar nada, ni los horarios, ni los grupos, no sabemos si necesitaremos más profesores. Y nos dicen que lo que tengamos que hacer lo tenemos que afrontar por nuestra cuenta. Es una clara discriminación respecto al resto de la enseñanza pública", incide Simón Cortina.
"La decisión del Gobierno regional es claramente política, sin pensar en los miles de alumnos que acuden a los centros concertados y en sus familias, que también pagan impuestos y a las que dejan abandonadas. Se penaliza a los alumnos y a sus familias, sobre todo a las más vulnerables, porque tampoco es cierto que a los concertados vayas los hijos de personas acaudaladas. Eso es otra mentira", remarcó Carlos Robla.
"Quieren que desaparezca la enseñanza concertada, y en lugar de ir de frente, la marginan, sin pensar en los alumnos ni en las familias", apostilla Cortina.
Los centros concertados "no vamos a parar", aseguran los representantes de Escuelas Católicas. "Es una clara injusticia y estamos dispuestos a llegar a los tribunales y a movilizarnos. Este Gobierno no va a tener un curso tranquilo como pretenda marginar a un tercer de los alumnos asturianos. No podemos callarnos ante la discriminación".
