La constancia de que la pandemia ha arrojado luz sobre algunas disfuncionalidades y disonancias en el sistema sanitario español ha llevado a Juan Luis Rodríguez-Vigil a hacer llegar al presidente del Principado, Adrián Barbón, su propuesta de reforma legal y mejora organizativa. De expresidente a presidente, con la experiencia del pasado y a la vista de lo sucedido en los últimos meses, Rodríguez-Vigil matiza la afirmación de que "tenemos un buen sistema sanitario". "Tenemos un buen sistema asistencial", precisa, que está pidiendo una nueva política de salud pública y cambios que sólo pueden ser materializados en las disposiciones legales de coordinación sanitaria para mejorar la articulación entre los diecisiete modelos autonómicos de salud.

En el documento que ha hecho llegar a la presidencia del Principado, el expresidente y exconsejero de Sanidad habla de modificar el mecanismo de toma de decisiones en el Consejo Interterritorial de Salud -para pasar de la unanimidad o el consenso a la mayoría, porque "si no, eso no funciona"- y de perfeccionar sus funciones. Concreta con la propuesta de que se instituya "un consorcio o entidad pública" participada por las comunidades autónomas y encargada de ordenar una reserva estratégica de medicamentos o una central de compras farmacéuticas y se refiere en general a los problemas que ha destapado la pandemia en un entramado próximo al "caos" de "diecisiete sistemas sanitarios sin conexión ni coordinación operativa salvo la meramente formal". Habla además del refuerzo de los sistemas de salud pública, imprescindibles para la detección y la prevención ante eventuales brotes epidémicos en el futuro.

Si debe ofrecer un ejemplo de hasta qué punto hemos sido en los últimos meses "víctimas de una legislación obsoleta" e inadecuada, Rodríguez-Vigil afirmará que habría sido posible, porque había medios para ello, "hacer pruebas PCR a toda la población asturiana en cuatro días. Tenemos magníficos laboratorios de sanidad animal", muy capaces de ocuparse de la toma de muestras y el "utillaje" de la prueba. Pero eso no ha sido posible "por un defecto legal". "Se ha considerado la PCR como un acto médico, que sólo pueden ejecutar médicos, virólogos", y éstos son muy pocos, de suerte que a su juicio "debemos exigir una normativa de salud pública de carácter excepcional que en momentos de epidemia permita poner todos los medios que la sanidad tiene a su alcance en este tipo de actuaciones".

En esta línea de acción va, por lo demás, la propuesta que Adrián Barbón hizo en una de las conferencias de presidentes de junio y repitió esta semana en la Junta sobre la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública encargada de reforzar la coordinación entre los sistemas sanitarios autonómicos.