El Gobierno de Asturias colaborará con las residencias privadas de personas mayores que así lo soliciten en la realización de pruebas PCR para la detección de la covid-19 entre los trabajadores. Esta actuación se articulará a través del Servicio de Salud del Principado (Sespa), a partir de la adhesión voluntaria de los centros que lo demanden, según anunció ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
La portavoz del Ejecutivo autonómico se reunió con representantes de las asociaciones de residencias Ascege, Aarte, Lares y Argas, con el fin de reforzar la colaboración de su departamento con los centros de titularidad privada para hacer frente a la pandemia. "Mantenemos como prioridad compartida la protección de las personas que viven y trabajan en las residencias de mayores y, como venimos haciendo durante los últimos meses, no escatimaremos esfuerzos para dar respuesta ante el mínimo riesgo que se detecte en cualquiera de los centros, sea público o privado", aseveró Melania Álvarez.
En el encuentro participaron, asimismo, las gerentes del Sespa y del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Concepción Saavedra y Ana Suárez Guerra, respectivamente.
El apoyo logístico para realizar pruebas diagnósticas PCR a los trabajadores de residencias privadas era el principal reclamo del sector, indicó a este periódico Santiago Campos, gerente de Instituto Gerontológico Astur (y por tanto del Centro Gerontológico Montevil, de Gijón, que actualmente tiene a tres residentes y un empleado infectados). Campos pone de ejemplo su propio centro para ilustrar la importancia de estos cribados. "El primer residente que dio positivo tenía una infección de orina y unas décimas de fiebre y tuvo que ir al hospital. Fue al volver cuando por protocolo se le hizo allí la PCR y dio positivo, pero con una carga viral muy baja. Con ese nivel, de hecho, podría haber mucha gente afectada que simplemente no lo sabe. También en residencias", explicó el empresario.
Los tres usuarios del Gerontológico Montevil presentan síntomas leve y permanecen aislados en el Centro para Discapacidades Neurológicas (Credine) de Langreo. El trabajador, también con un cuadro leve, está en aislamiento domiciliario, y cinco de sus compañeros de trabajo están sometidos a una cuarentena preventiva por ser contactos estrechos. El estudio epidemiológico intentará dictaminar el origen del foco, pero de momento en la residencia estiman más plausible que el virus entrase durante una visita y no por el trabajador. "Él también tenía una carga viral muy baja, parece que se había contagiado muy recientemente. De ahí que sea vital hacer cribados cada quince días o, como máximo, un mes. Por suerte, Salud se actuó muy rápido", destacó Santiago Campos.
La oferta de la Consejería de Derechos Sociales, sin embargo, deja en el aire cómo se financiarán estos barridos de pruebas a los empleados. Desde la delegación asturiana de la patronal nacional de geriátricos (Ceaps) explican que la medida, que comenzará en septiembre, les deja con una factura inicial de alrededor de millón y medio de euros. "En otras comunidades estas pruebas se están costeando a nivel público y esperamos que aquí pase lo mismo. Entre la reducción de plazas para garantizar aislamientos, la compra de equipos de protección, las bajas o ausencias del personal y la reducción general de nuevos ingresos, este nuevo coste sería un problema", sostienen los empresarios.
La medida, no obstante, es un primer avance, pues la factura del HUCA, con laboratorio propio, será siempre menor que la de otras entidades privadas.
