Unos 160 juristas de toda España pidieron esta semana ante el Congreso que se detenga la ley de regulación de eutanasia, al considerar que es "una grave amenaza" para las personas más vulnerables de la sociedad. La iniciativa de los juristas parte de un catedrático y profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, que antes impartió enseñanza en la de Oviedo, José Luis Martínez López-Muñiz. Se presentó coincidiendo con el Día mundial de los cuidados paliativos -celebrado anteayer sábado-, y cuenta con la firma de algunos profesores asturianos, como el avilesino Tomás Prieto Álvarez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, o el ovetense Jesús Bernal del Castillo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. Según Bernal, la ley "va en contra del derecho a la vida, que no es un derecho disponible", y "atenta contra la Constitución".

En efecto, el escrito, que llega después de que el Comité de Bioética y un centenar de personalidades se hayan opuesto a la ley que tramita el Gobierno, cuyo anteproyecto fue presentado el pasado mes de enero, enumera una serie de artículos de la carta magna que podrían verse vulnerados, concretamente los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución "que protegen la dignidad de la persona y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos o de ciudadanos en su tercera edad".

Indica que la ley "es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos más fundamentales que le son inherentes. Unos derechos que están garantizados por la Constitución y los derechos humanos".

Para Bernal del Castillo, "la Constitución protege la vida hasta el fin de la persona", y una ley como la que propone el Gobierno "abre la puerta a un abuso del derecho, aprovechándose de una situación en que la persona está muy indefensa y manifiesta el deseo de terminar con la vida". Tanto este profesor como el resto de firmantes del documento ponen el acento en los cuidados paliativos que deben recibir los enfermos incurables. Para Bernal, el "sufrimiento y el dolor son consustanciales a toda vida humana y tenemos el deber de facilitar un alivio a las personas que están en el tránsito de la muerte; el ser humano tiene derecho a ser tratado de la mejor forma posible, en los peores momentos".

En el manifiesto, los juristas resaltan que, lo ocurrido en los meses transcurridos de la actual pandemia ,"ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida".

Pero la ley de regulación de la eutanasia "pone en manos de terceros la vida de la persona y abre la puerta de la eugenesia, a que la presión social pueda obligar a prescindir de las vidas de los ancianos y de los discapacitados, lo que ya ocurrió en la Alemania nazi y lo que está ocurriendo en países como Holanda". Y es que, según Bernal, en este último país, se está produciendo "una conversión de la mentalidad, según la cual hay vidas que no merecen ser vividas, y que habría que facilitar la muerte de personas que no tienen capacidad de llevar una vida independiente". Para el profesor de la Universidad de Oviedo, "esto es algo negativo, un retroceso".