El secretario de Estado de Memoria Democrática, el historiador y exalcalde socialista de Almería Fernando Martínez López, estuvo recientemente en Asturias para visitar la fosa común de El Fitu, en Parres. Martínez López indicó que la nueva ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ya está en el Congreso, permitirá "investigar las incautaciones de la Guerra Civil y el franquismo, e inventariar los bienes expoliados, con la imposición de sanciones económicas". Además, prevé "la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por ser incompatible con los principios y valores constitucionales". Y añadió que "los familiares no tendrán que sufragar ningún gasto de exhumaciones; el olvido no tiene opción en la democracia".
- ¿Por qué ha fallado la aplicación de la ley de Memoria Histórica?
-La ley de 2007 no ha fallado, tuvo un papel muy importante al sentar las bases de las políticas públicas integrales de memoria en España. Tuvo un elevado nivel de desarrollo hasta que fue abruptamente interrumpida con la llegada al Gobierno del PP, cuyo presidente Mariano Rajoy se jactaba de haber dedicado cero euros a la memoria histórica. Ahora, tras trece años, se han puesto de relieve insuficiencias que hay que abordar para conseguir los objetivos que se preveían. Al mismo tiempo, con la evolución del debate memorialista sobre los derechos humanos, han surgido nuevas necesidades y propuestas que se han incorporado al anteproyecto de ley de Memoria Democrática fruto de las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios, las leyes autonómicas, las demandas del movimiento memorialista, los familiares y las víctimas, y de las iniciativas parlamentarias.
- ¿Qué aspectos recoge?
-El anteproyecto de ley persigue el conocimiento y difusión de la Memoria Democrática, de las luchas individuales y colectivas en pro de los derechos y libertades fundamentales y de los valores democráticos a lo largo de la historia contemporánea de España. Asimismo, reafirma el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la dictadura, y repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura franquista. Entre los puntos centrales se sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en el centro de las acciones públicas; declara la ilegitimidad de los tribunales de excepción franquistas y la nulidad de las resoluciones que dictaron; se reconoce la acción intelectual y política desempeñada por las mujeres en las luchas por la democracia, los derechos fundamentales y la libertad, y adopta medidas para reparar la doble represión sufrida por las mujeres; asimismo, reconoce el papel desempeñado por el movimiento memorialista. Por otro lado, el Estado asume el liderazgo de la exhumación de las fosas comunes, la creación de un Banco Nacional de ADN y la elaboración de un censo de víctimas. Se protegen los documentos referidos a la Guerra Civil y la subsiguiente represión política, y se garantiza el derecho de acceso a dichos fondos. En cuanto al deber de memoria como garantía de no repetición, la memoria democrática formará parte del sistema educativo, de la investigación y la divulgación. Se van a declarar lugares de memoria democrática, se resignificará el Valle de los Caídos y se adoptarán medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Por último, se establece un régimen sancionador.
- Los juristas plantean dudas. ¿Choca con la amnistía del 77?
-En absoluto. Son, precisamente, juristas de reconocido prestigio los que afirman que la ley de Amnistía es una ley más citada que leída, y entienden que esta no tiene por objeto actos de naturaleza genocida y lesa humanidad. En este sentido, hay que recordar que, meses antes de su entrada en vigor, España había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. A este respecto conviene señalar que el anteproyecto de ley de Memoria Democrática dispone de manera expresa que, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, los poderes públicos interpretarán dicha ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera. Asimismo, establece que el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución, creándose a esos efectos una fiscalía de sala a la que se le atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, para lograr su debida identificación y localización.
- ¿Qué tipo de comentarios castigará la nueva ley?
-Comentarios, ninguno, eso forma parte de la libertad de expresión. Lo que castiga son actuaciones como la destrucción de fosas o de lugares de memoria. La ley no va a permitir la exaltación del golpe de Estado de julio de 1936 o la dictadura, incompatibles con los valores y principios constitucionales, o el incumplimiento de las resoluciones de retirada de simbología franquista.
- Se anulan los procesos del franquismo, pero ¿se llegarán a anular las apropiaciones de bienes pertenecientes a republicanos? ¿Y los actos de corrupción y latrocinio de los gerifaltes franquistas?
-El anteproyecto de ley plantea la investigación de las incautaciones durante la Guerra Civil y la dictadura, y, en particular, la realización de una auditoría y un inventario de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas.
- ¿Qué futuro tendrá el Valle de los Caídos? ¿Se sacará a la comunidad religiosa de allí?
-El Valle de los Caídos es considerado como un lugar de memoria democrática cuya resignificación consistirá en dar a conocer, a través de la investigación y otros elementos de difusión, el proceso de su construcción, el periodo en el que se inserta y su significado. Será un cementerio civil de reconocimiento a las personas allí inhumadas. El anteproyecto prevé la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle, en la que se inserta la orden benedictina, por ser incompatible con los principios y valores constitucionales. Y un decreto posterior establecerá el nuevo marco jurídico que contemplará su organización, funcionamiento y situación patrimonial. Al mismo tiempo, se atenderán las demandas de exhumación planteadas por los familiares siempre que técnicamente sea posible.
- ¿Se ilegalizará la Fundación Francisco Franco?
-La vigente ley de Fundaciones ya establece en la actualidad que concurrirá causa de extinción cuando las mismas no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. Conforme al anteproyecto de ley, se considera contrario al interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil española o del franquismo.
- Los expertos apuntan a que la nueva ley no contempla compensaciones para las víctimas y sus familias. ¿Se corregirá?
-Lo primero que hay que reseñar es que desde la Transición se han venido aprobando y aplicando múltiples medidas de reparación a las víctimas del franquismo, especialmente de carácter económico, muchas de las cuales permanecen en el ordenamiento jurídico. Por su parte, varias comunidades autónomas han aprobado medidas de reparación propias. El anteproyecto prevé la incorporación de actuaciones específicas que se refieren a los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, mediante la realización de una auditoría e inventario de estos, y, en consecuencia, la implementación de las posibles vías de reconocimiento a los afectados. Asimismo, se recoge el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados .
- Acudió recientemente a Asturias para reunirse con la consejera de Presidencia, Rita Camblor, y visitar la fosa común de El Fitu. ¿Cuánto dinero pondrá el Gobierno para exhumar fosas?
-Estamos, efectivamente, realizando una serie de visitas por las comunidades autónomas con objeto de estudiar la firma de convenios bilaterales en temas de memoria con el fin de que las administraciones colaboren y precisen su actuación en el marco del plan cuatrienal de exhumaciones que está elaborando el Ministerio. En este sentido, la visita al Principado ha sido muy fructífera para las dos partes y hemos llegado a un plano de entendimiento total que marcará una colaboración estrecha.
- ¿Tendrán que seguir pagando los familiares los gastos de recuperación de sus seres queridos?
-Los familiares no van a tener que sufragar ningún gasto derivado de las exhumaciones, ya que a la entrada en vigor de la ley será el Estado el que lidere el proceso y se encargue de estas. El reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, su dignificación y reparación representan un deber ineludible de la vida política y constituye una señal inequívoca de la calidad de nuestra democracia. El conocimiento del proceso de construcción de la democracia, de sus luchas individuales y colectivas, refuerza las raíces de nuestra convivencia y, a su vez, nos protege de cometer los errores del pasado. El olvido no tiene opción en democracia.
