El Consejo de Ministros diseñó ayer el estado de alarma de la segunda oleada del coronavirus en una versión corregida respecto a las medidas que implica y al mando que las ejecuta y aumentado en cuanto a su duración. Cuatro meses casi exactos después de ser levantada, la herramienta constitucional está de nuevo en vigor desde ayer y durante quince días, pero esta vez su duración será de seis meses más, hasta el 9 de mayo, siempre que Pedro Sánchez obtenga el "abrumador respaldo" que ayer requirió del resto de fuerzas políticas para la convalidación de la prórroga en el Congreso, y no tendrá ni confinamiento domiciliario ni mando único. A cambio, impone un "toque de queda" que el Presidente prefiere llamar "restricción de la movilidad nocturna" y que ha sido el primer efecto visible inmediato: ya empezó a operar entre las once de la noche de ayer y las seis de esta mañana, aunque deja a criterio de las autonomías levantarlo el 9 de noviembre y mover el periodo de limitación una hora antes o después en ambas franjas. A este respecto, el presidente del Principado se ha manifestado partidario de que se imponga de doce a seis, una modificación que será oficializada previsiblemente en los próximos días.

Se limita así el movimiento "por las vías o espacios de uso público" en la franja horaria nocturna demarcada salvo para unas cuantas actividades tasadas que incluyen las laborales, las sanitarias, la compra de medicamentos, la asistencia a mayores, menores o dependientes y causas "de fuerza mayor o situación de necesidad". El decreto también ofrece la posibilidad de otorgar fuerza coercitiva a la limitación a seis personas no convivientes de los grupos que como máximo pueden permanecer "en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre". Esta restricción, que hasta ahora el Principado plantea como simple recomendación, sólo será efectiva si lo determinan los gobiernos regionales, a los que también se otorga potestad para modificar el límite a la baja. También queda a la competencia autonómica la imposición de un régimen sancionador que castigue los incumplimientos de toda la normativa asociada al nuevo estado de alarma.

Deciden las autonomías porque suyo será en parte el mando, o gran parte de la capacidad de resolución, en esta versión modificada del estado de alarma. Los presidentes regionales son, en la nomenclatura del decreto, las "autoridades competentes delegadas", con margen para modular las medidas en función de la evolución de la pandemia en su territorio. En Asturias, el Gobierno del Principado trabaja en una resolución que adaptará de forma inminente los términos del decreto a la realidad autonómica y su presidente, Adrián Barbón, ha convocado para las cuatro de esta tarde al comité de crisis del covid-19, que cuenta con representantes de las administraciones local, autonómica y estatal y esta vez con la asistencia adicional de las alcaldesas de Gijón y Avilés, las socialistas Ana González y Mariví Monteserín, respectivamente, y del alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, por la especial afección que han tenido sobre las tres ciudades las medidas de confinamiento perimetral de sus cascos urbanos decretadas el viernes por el Principado. Ahí se valorarán las decisiones sobre el modo en el que se trasladará a Asturias la norma aprobada ayer, para lo que el Gobierno ha solicitado ya un informe a la Consejería de Salud.

Entre las posibilidades evaluables, el decreto da pie a que el Gobierno regional estudie un cierre de Asturias sobre sí misma, una limitación de la entrada y salida en toda la comunidad autónoma, excluida la circulación en tránsito. Así lo prevé expresamente la norma aprobada ayer, dejando asimismo su activación en manos de las autoridades autonómicas, que podrán ponerla en marcha, dice, "a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios. Esto permitiría a Asturias, llegado el caso, cerrarse y evitar la comunicación con las regiones limítrofes.

Sánchez apuesta por extender el nuevo estado de alarma seis meses para doblegar la curva de la segunda ola

De entrada, ayer, el Gobierno aprobó el estado de alarma para todo el país en los próximos quince días y Pedro Sánchez declaró su intención de buscar apoyos para prorrogarlo otros seis meses, trámite para el que necesita la convalidación del Congreso y que modifica sustancialmente las prórrogas de quince en quince días del estado de alarma de la primavera, y sus consiguientes erosiones negociadoras. El presidente del Principado se apresuró a celebrar ayer tanto la medida como su duración. El retorno a la alarma era "necesario, fundamental para hacer frente al empeoramiento de la situación y frenar los dos elementos que explican la nueva ola de contagios: la movilidad y el elevado número de contactos estrechos", declaró. Recordó a Asturias como "una de las pocas comunidades, por no decir la única", que pedía que se prorrogara cuando expiró el pasado 20 de junio y aclaró que desde el 21 "venimos adoptando medidas para intentar contener la situación, pero con la evolución tenemos que recurrir al estado de alarma".

Esa situación está oficialmente en vigor en todo el Estado desde que el decreto se publicó ayer por la tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Serán de entrada quince días que se pretenden prorrogables durante seis meses más, pero esto el Gobierno no puede hacerlo solo. Por eso ayer Pedro Sánchez pidió, además de la máxima coordinación autonómica, "un abrumador respaldo" político para salvar el trámite parlamentario y dijo haber mantenido una conversación con el líder del PP, Pablo Casado, y con representantes de otras fuerzas cuyo contenido eludió detallar. La idea es aprobar la prórroga hasta el 9 de mayo ya en el Consejo de Ministros del martes, de forma que el pleno del Congreso pueda debatirla y votarla ya antes de que acabe esta semana.

Sánchez justificó su demanda de respaldo en la constatación de que su decisión deviene de "una petición mayoritaria de las comunidades autónomas". Acaso para tratar de vencer reticencias, también anunció ayer que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada quince días en el Congreso para informar a los grupos parlamentarios del avance de esta segunda oleada y animó a los gobiernos regionales a hacer lo mismo en las cámaras autonómicas.