Aun en plena pandemia, la ley Celaá no se escabulle de la polémica. La última voz contraria en Asturias a la reforma capitaneada por PSOE y Unidas Podemos ha sido la del Arzobispo de Oviedo. Jesús Sanz Montes tacha, en su carta semanal, la reforma educativa de “abusiva y totalitariamente impuesta”, pues llegará el jueves al Pleno del Congreso “sin haber escuchado a nadie de los interesados (docentes, familias, asociaciones, sindicatos y alumnos)”. A todos ellos el prelado asturiano anima a “reaccionar”. Y reaccionando están. La red concertada, que se ha unido en una plataforma, lleva recogidas más de 50.000 firmas y también ha solicitado permiso a Delegación de Gobierno para secundar la manifestación en coche que hay organizada en toda España para el próximo domingo.
Las contundentes palabras del Arzobispo, que incluso acusa al Gobierno nacional de “perseguir la educación que no coincida con su ideología”, fueron ayer respaldadas por la concertada mientras encendieron a la pública. “Estamos muy de acuerdo con lo que dice, por ejemplo con que es una ley que no contó con nadie y que está muy politizada. Por mucho que diga la Ministra (Isabel Celaá) que los conciertos no van a desaparecer, sí van a desaparecer de una manera sutil. Porque si la Administración va a restar alumnos a la concertada, habrá colegios que se queden sin estudiantes”, protesta Carlos Robla, secretario general de Escuelas Católicas, la patronal que integra a los directores de la red no pública. Robla toca uno de los puntos calientes de la LOMLOE: la eliminación de la demanda social, que, traducido, es no respetar la elección de colegio de las familias.
“Estamos de acuerdo con el Arzobispo: es una ley que no contó con nadie y que está muy politizada”
OTECAS, el sindicato docente mayoritario de la concertada, también respalda las declaraciones de Sanz Montes. “Como bien dice el Arzobispo, es una ley que no ha escuchado a la comunidad educativa. En su momento, el PSOE criticó, con razón, que la LOMCE carecía del consenso y ahora son ellos los que pretenden sacar adelante una ley de forma unilateral y por la puerta de atrás”, critica su secretario general, José Manuel Cueto. “Compartimos con el Arzobispo la preocupación por privar a las familias del derecho a elegir el colegio que quieren para sus hijos. En Asturias, con esta ley podría desaparecer, a medio y largo plazo, un sector que supone 3.500 empleos directos y 1.500 indirectos”, alerta.
Misma advertencia hace la Federación de Enseñanza de USO, que apoya las declaraciones del máximo representante de la Iglesia asturiana. La LOMLOE traerá consigo, asegura su secretario, Gonzalo Menéndez, “la pérdida de numerosos puestos de trabajo tanto entre los 300 profesores de Religión de los centros públicos como de los 3.500 trabajadores de la concertada”. USO muestra su “total rechazo” a una ley que “recorta libertades democráticas de las familias y está siendo tramitada de una forma interesada, sin participación y aprovechándose de la trágica época de pandemia”.
“Las declaraciones de Sanz son ejemplo de que la educación en este país sigue siendo un arma política”
¿Y qué opinan los sindicatos de la pública sobre esta polémica? ANPE, la organización mayoritaria, rechaza la ley Celaá tanto en forma como en contenido, aunque sin entrar a valorar las declaraciones del Arzobispo. El presidente, Gumersindo Rodríguez, defiende que “la LOMLOE será una ley impuesta, donde el diálogo y la negociación con la comunidad educativa y sus legítimos representantes han sido los grandes ausentes”. Y reclama que el castellano siga siendo considerado lengua vehicular en todo el Estado tras la cesión del Gobierno a los independentistas.
UGT, que apoya la tramitación de la reforma educativa, se moja con las opiniones del prelado. “Nos han resultado muy sorprendentes; tienen una agresividad que no se corresponde con los cambios reales que supone la ley”, argumenta su secretario general de Enseñanza, Cristóbal Puente, que dice más. “Las declaraciones del Arzobispo son un buen ejemplo de que en este país la educación sigue siendo un arma política. Son unas manifestaciones interesadas que presentan una realidad totalmente distorsionada, pues no es verdad que se vayan a cerrar los centros concertados ni que se vaya a eliminar la Religión ni que vayan a desaparecer los centros de educación especial”, agrega.
“Sorprende que hable de adoctrinamiento cuando ellos llevan milenios haciéndolo y excluyendo al resto”
De este lado está también CC OO. Su secretario de Enseñanza, Borja Llorente, dice que lo que argumenta “la derecha católica es falso”, pues la ley “mantienen todos los privilegios de la red concertada, lo que supone una traición a la enseñanza pública”. Llorente incide en esta idea: “Es un ley que hace 30 años habría sido considerada abiertamente neoliberal y de derechas. Es una ley que blinda a la red concertada y que, lejos de la retórica que está utilizando la Iglesia católica y la patronal de la concertada para conseguir todavía más en una estrategia de avaricia, la ley no apuesta por la pública”.
Tino Brugos, de SUATEA, se centra en la crítica que hace el Arzobispo a las libertades. “Mezclando temas y embarrando el campo de juego, habla de la libertad ideológica, denunciando que el gobierno aspira a implantar un sistema de adoctrinamiento. Que sea este tema el que sirva como base de la denuncia no deja de ser sorprendente y engañoso viniendo de donde viene, de las filas de quienes llevan milenios adoctrinando y excluyendo a quienes no piensan del mismo modo”, denuncia. “Estaría mejor que el señor Arzobispo –apostilla– hablase de la libre iniciativa económica para explicar el negocio que supone la red concertada. Las mal llamadas cuotas voluntarias son obligatorias y oscilan desde 50 a 120 euros mensuales”.
