El refuerzo del servicio de enfermería de las residencias de ancianos, seriamente dañado por los impactos de la pandemia, concentra el esfuerzo de reorganización orgánica en siete departamentos que ayer dio de paso el Principado. El Consejo de Gobierno autorizó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que entrará en vigor el próximo 5 de enero y que “no supone ampliación del gasto ni altera la actual plantilla”, aclaran fuentes del Ejecutivo, que aluden a razones “organizativas y funcionales”. Los cambios se concretan en la redistribución de varios puestos “en función de las necesidades más acuciantes, con el fin de adaptarlos a las variaciones que se han producido en la estructura orgánica de las consejerías”, indican las mismas fuentes.
El apoyo más visible de los acordados hace que el ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) se dote de 17 responsables de enfermería para diferentes residencias de mayores, “con el fin de paliar las necesidades provocadas por la pandemia”. Reorganizando y redistribuyendo puestos, también se autoriza la creación de cuatro plazas de inspección de servicios sociales y se refuerza la dotación de los centros de valoración de discapacidad.
En la Consejería de Salud, dentro de esta reestructuración muy conectada con los efectos de la pandemia sobre la plantilla de empleados públicos, se instituyen una jefatura del servicio de Alertas y Emergencias Sanitarias Covid-19 y un puesto de coordinador del Plan de Salud. Ambos puestos tratan de fortalecer la estructura de la Dirección General de Salud Pública y aliviarla del incremento de actividad que ha tenido que soportar en los últimos meses a causa de la crisis sanitaria.
Otra de las modificaciones deviene de la reciente creación de la Oficina de Proyectos Europeos, donde se crean cuatro puestos “de análisis e informes” que pretenden “dar operatividad” a este órgano incluido en el organigrama de la Consejería de Hacienda para gestionar la captación de proyectos potencialmente financiables con fondos europeos. En el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) se transforman seis puestos de auxiliares de bombero vacantes en plazas de bombero conductor y en la Consejería de Educación se incorporan nueve puestos de auxiliar educador para diferentes centros docentes.
Por último, la apuesta por la administración electrónica “para mejorar el funcionamiento y la eficacia de los servicios públicos” justifica un refuerzo adicional no cuantificado en la Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital.
Treinta millones en apoyo al empleo.
En la reunión de ayer, además, el Consejo de Gobierno se autorizó a invertir 30,5 millones de euros para financiar varios programas de apoyo a la inserción laboral de cerca de 6.000 desempleados. Casi la mitad de la dotación total, catorce millones, se destinará a los planes locales de empleo y a la contratación, en los ayuntamientos y por un año, de 650 personas en paro. También en colaboración con las entidades locales se gastarán tres millones en contratar en prácticas a 165 personas desocupadas y mediante un gasto de algo más de un millón de euros se respaldará la incorporación de 52 agentes de desarrollo local .
Raquel García, directora de la Oficina de Proyectos Europeos.
El Consejo de Gobierno acordó igualmente ayer el nombramiento de la abogada Raquel García González como directora de la Oficina de Proyectos Europeos, el nuevo organismo dependiente de la Consejería de Hacienda cuya principal misión será canalizar propuestas susceptibles de obtener financiación de la Unión Europea. García (Valdés, 1986) ejercía como responsable del Servicio Internacional y Asuntos Europeos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).
