Las medidas anunciadas por el Gobierno central para la hostelería y turismo han sido un jarro de agua fría para el sector. “No necesitamos ayudas, y menos que las administraciones autonómicas y los ayuntamientos decidan la distribución del dinero sin tener criterios comunes para todos. Lo que hace falta es un plan de rescate serio, porque son muchos los negocios que ya han desaparecido y los que van a desaparecer por quiebra”, claman las patronales, entre ellas la de Asturias, Otea, cuyo presidente, José Luis Álvarez Almeida, actuó como portavoz de las comunidades del norte de España ante la ministra Reyes Maroto en el transcurso de una junta directiva de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE).
El Gobierno central anunció el pasado lunes que serán las comunidades autónomas quienes anunciarán las ayudas directas al sector, y que serán las administraciones autonómicas y locales las que asignarán las ayudas directas a cada sector. El Ejecutivo central “apoyará” con medidas fiscales, laborales y para los alquileres de los locales.
“Las ayudas son para potenciar cuestiones concretas, pero lo que necesita el sector es un plan de rescate con inyección directa a las empresas”, defendió Álvarez Almeida. “Lo que hace el Gobierno central es trasladar el problema a las comunidades autónomas, y que sean estas las que decidan la distribución del dinero. Eso no nos vale”, remarcó.
“Queremos una hoja de ruta con una regulación de ámbito nacional, que abarque del IBI a las terrazas”
El sector turístico y de la hostelería asturiano y español reclaman que el Gobierno de Pedro Sánchez establezca unas cuantías o porcentajes de obligado cumplimiento, “porque si no, cada autonomía hará el reparto como quiera en lugar de hacerlo ayudando a los sectores más castigados por la pandemia”. O, dicho de otra manera, que los ejecutivos regionales no puedan destinar cuantías del fondo de rescate, por ejemplo, a obras pendientes y que no son urgentes.
El sector hostelero nacional también criticó el plan de ayudas al alquiler para propietarios de más de 10 locales. “Eso está pensado para grandes empresas nacionales. En Asturias no hay ese perfil, pero sí hay negocios que ya han cerrado sus puertas definitivamente porque están al borde del desahucio”, aseguró Álvarez Almeida.
Por eso el sector exige al Gobierno nacional “un plan de rescate y hoja de ruta de ámbito estatal, con una regulación concreta que abarque desde las exenciones o reducciones del IBI hasta la normativa de ampliación de las terrazas, para evitar que cada autonomía y cada ayuntamiento dicte una resolución que no deja de ser buena voluntad, porque si alguien las recurre, las pueden invalidar”. Se trata, afirma el sector, “de que todos salgamos a la vez y de que nadie se quede atrás, aunque para muchos ya será tarde porque ya estarán en quiebra por no haber adoptado medidas a tiempo”, afirmó el presidente de Otea.
