El exgerente de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo S. A. (Sogepsa) José María Quirós se enfrenta a una pena de 9 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación continuada, al haber otorgado catorce contratos a dedo a una firma de abogados que llevaba asuntos legales de la entidad. Es la petición de la Fiscalía de Asturias ante el juicio que se celebrará el próximo lunes en el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, al considerar que el exgerente vulneró, supuestamente de forma “consciente y deliberada”, los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.
El fiscal sostiene que Quirós, que dirigió Sogepsa entre diciembre de 2007 y agosto de 2016, no sometió los contratos suscritos por la entidad a la Ley de Contratación Pública. Contravino así la normativa de la propia sociedad, pública, que estableció como directriz que los contratos cuya cuantía se situara entre los 12.000 y los 100.000 euros debían adjudicarse mediante un procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas. Lejos de ello, según las conclusiones del ministerio público, el acusado adjudicó entre los años 2008 y 2014 catorce contratos por un total de 545.059,61 euros sin proceso negociado alguno y siempre al mismo bufete.
Los contratos fueron adjudicados “directamente por el investigado, sin licitación ni concurrencia y sin que en ninguno se hiciera constar la previa justificación del procedimiento excepcional de la adjudicación directa, con vulneración, de forma consciente y deliberada, de los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación”, según recoge el escrito de acusación.
Procede por lo tanto imponer al acusado, señala el fiscal, “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y de dirección o análogo en las Administraciones o Entidades Públicas y en empresas públicas o de capital mixto durante nueve años, así como las costas judiciales.
Las adjudicaciones en cuestión se referían a contratos por asesoramientos, informes y direcciones letradas en diversos recursos, como los planteados respecto a las parcelas de Prado de la Vega, en Oviedo, o La Magdalena, en Avilés; informes sobre el estatuto de Sogepsa, o dictámenes sobre a la obligatoriedad de la sociedad a someterse a los procedimientos de la Sindicatura de Cuentas o sobre la responsabilidad en la que podrían incurrir los consejeros de la sociedad “por incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño de su cargo”.
Las cuantías de los contratos supuestamente irregulares adjudicados por el encausado durante su permanencia al frente de Sogepsa se movieron entre los 13.000 y los 115.000 euros.
La Fiscalía subraya que el único documento existente en la empresa correspondiente a cada servicio es la factura. Y en todos los casos figura un sello con la actuación, recepción contraprestación y aprobación de factura. Pero en ninguno existe “propuesta, ni solicitud de ofertas, ni informe justificativo de las contrataciones”.
