José Ángel Fernández Villa, el otrora todopoderoso secretario general del SOMA, condenado a tres años de prisión por quedarse más de 400.000 euros del sindicato e incurso en otra investigación por el desfalco del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller), no pisará la cárcel. Así lo acaban de decidir los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial María Luisa Barrio, Agustín Pedro Lobejón y Francisco Javier Rodríguez Luengos. Villa, dicen en un auto ya firme del 14 de enero, sufre una enfermedad que precisa de la atención constante de una tercera persona, algo que supondría un “sobrecoste” inaceptable para el centro penitenciario. Pero es que ademas, que le encerrasen, agravaría el trastorno ansioso-depresivo que padece y supondría una “humillación” y una “sensación de envilecimiento superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena”, ya de por sí “degradante”. Por eso, y haciendo caso de la defensa y de la propia Fiscalía, la sección tercera accede a suspender el ingreso en prisión.
La ley contempla que quien “sufra una enfermedad con padecimientos incurables o que su ingreso en prisión le ocasione un sufrimiento de especial intensidad o una humillación o sensación de envilecimiento superior al que correspondería a cualquier otro penado que estuviese en situación semejante” puedan beneficiarse de esa medida.
En el caso de Villa, los jueces valoran que “el prolijo y detallado dictamen médico-forense emitido permite extraer la conclusión de que el penado, debido a sus patologías, presenta un deterioro generalizado de su estado de salud, que supone una dependencia grave, precisando una tercera persona para la totalidad de las actividades de la vida diaria y siéndole muy difícil el sometimiento al régimen de horarios del Centro Penitenciario”. Además, “el ingreso en prisión provocaría en el penado cuadros confusionales agudos y agravaría el trastorno ansioso-depresivo que sufre”.
Por ello, “se estima procedente la concesión del beneficio de la suspensión de la entrada en prisión, pues si bien en prisión podría recibir la atención pertinente, aparte de que prestársela supondría un esfuerzo y una particular dedicación, además de un sobrecoste, por parte del Centro Penitenciario, de difícil o imposible asunción por su parte, el ingreso en la misma provocaría una especial penosidad constitutiva, a nuestro juicio, de una humillación o sensación de envilecimiento superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena a la que se refiere el Tribunal Constitucional”.
Limitación de autonomía
El Instituto de Medicina Legal emitió un informe a finales del años pasado según el cual Villa padecía una enfermedad que limitaba su autonomía, puesto que le impedían desplazarse por sí mismo, o realizar las labores de higiene, por lo que necesita ayuda de forma constante. En su día, las forenses también aconsejaron que Villa no declarase ante la jueza que instruía la apropiación de fondos del SOMA, aunque la jueza decidió tomarle declaración después de que el neurólogo Alfredo Robles Bayón indicase que esa deposición podía tener lugar, aunque con determinadas condiciones. En esa ocasión si se ha hecho caso del informe de las forenses. La Fiscalía, ante este informe, pidió aclarar si el estado de Villa empeoraría en prisión, algo que aseguraron los forenses, motivo por el que el ministerio público, el pasado día 11, también se sumó a la defensa en su petición de que Villa no entrase en prisión.
La Fiscalía argumentó que, debido a su deterioro cognitivo, Villa “se encuentra en situación de falta de percepción de estímulos externos, o al menos de una forma tan relevante que le impide comprender el sentido de la pena de prisión que eventualmente se le ordenase cumplir por el delito continuado de apropiación indebida por el que fue condenado”. Incluso la acusación particular, ejercida por el SOMA, también se mostró favorable a la suspensión del ingreso en prisión.
Villa está aún investigado en el “caso Hulla” que instruye el Juzgado número 3 de Oviedo, por la apropiación de varios millones destinados para el geriátrico de Felechosa. El hecho de que se le haya eximido de entrar en prisión podría permitir incluso que evitase volver a ser juzgado.
Ripa (Podemos): “Hay que aclarar si el exministro_Sebastián sabía lo que pasaba”
La petición de Anticorrupción de investigar al exconsejero de Industria Graciano Torre y a altos cargos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como el secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Uribe, no ha sorprendido a Podemos. El diputado regional Daniel Ripa indicó: “Gran parte de estas imputaciones vienen del impulso de Podemos._Villa se metía mucho dinero en el bolsillo porque otros miraban para otro lado, si no hubiese habido políticos afines que no solo le dejaban hacer, sino que cambiaban la legislación, con la mediación de la Consejería de Industria”._Ahora, añadió, “hay que aclarar si el entonces ministro Miguel Sebastián sabía lo que pasaba”.
El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, indicó que “estamos a expensas de lo que determine la investigación y la instrucción judicial. Desde luego, lo que tenemos claro en CC OO es que hay que llegar al fondo de la cuestión y determinar las responsabilidades en todos los ámbitos, tanto el político como el sindical de aquellos que a día de hoy están imputados”.
