La gestión del ingreso mínimo vital (IMV), el sistema de ayudas impulsado por el Gobierno central similar al salario social básico del Principado, tiene a más de 9.000 familias asturianas en ascuas, al no validar ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social el consentimiento expreso para traspasar sus expedientes directamente de la ayuda regional a la estatal. La Consejería de Derechos Sociales aseguran que se cumplen todos los requisitos y se han seguido los pasos acordados con el Gobierno central, que ahora, sin embargo, rechaza el sistema. La consejera Melania Álvarez afirmó que “todas las personas seguirán cobrando el salario social hasta que se resuelva el paso de su expediente al ingreso mínimo vital.”
Antes de que se aprobara la ayuda estatal, la Consejería de Derechos Sociales propuso al Ministerio crear un sistema de “pasarelas” que permitiera a las comunidades autónomas articular un régimen transitorio de intercambio de datos, que en el caso del Principado podría ser automático, y que permitiera a las personas que perciben el salario social pasar directamente a ser beneficiarias del ingreso mínimo.
La propuesta no fue incluida en la ley, pero sí se incluyó una vía alternativa de presentación de solicitudes a través de las comunidades autónomas y que fue puesta en marcha por el Principado. “Diseñamos este sistema con el fin de facilitar a las personas la solicitud del ingreso mínimo y simplificarles todas las gestiones pertinentes, en un contexto de crisis social y económica sin precedentes y con la actividad de las oficinas de la Seguridad Social suspendida”, explicó una indignada Melania Álvarez.
La Consejería inició el pasado mes de julio, en colaboración con las entidades locales y el tercer sector, una campaña para recabar el consentimiento de todas aquellas personas interesadas en que se enviasen sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social desde la comunidad autónoma, y para que desde este departamento pudiesen llevar a cabo todas las gestiones de comprobación oportunas.
Según explicaron desde Derechos Sociales, los días 10 y 15 de septiembre se enviaron sendos ficheros con los datos de cerca de 9.000 titulares del salario social. Sin embargo, días más tarde entró en vigor una modificación del real decreto ley que regula el ingreso mínimo vital y que supuso un cambio sustancial de los requisitos del envío de estos ficheros. Así, el Gobierno central pasó a exigir a las comunidades que fueran ellas las que comprobasen los requisitos de todos los expedientes y lo certificasen, además de asumir la obligación de reintegro en caso de que se concediera el ingreso mínimo de manera indebida.
La Consejería volvió a enviar los datos en diciembre, comprometiéndose a comprobar los requisitos de los 9.000 expedientes enviados. Pero de nuevo los volvió a rechazar y no aceptó el certificado propuesto por el Principado.
“A pesar de haber hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance, hasta el momento nuestros datos no han sido validados, por eso, todas las personas que están cobrando el salario social o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad deben acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social a tramitar la prestación estatal. Por motivos de prudencia y seguridad jurídica, pedimos a todas estas personas que soliciten la ayuda de forma presencial o por vía telemática, al mismo tiempo que seguimos trabajando para facilitar el trasvase automático. Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar les seguiremos prestando apoyo, ya que en su día cumplieron con la obligación de solicitar el ingreso mínimo vital”, apuntó Melania Álvarez.
