¿Qué opinan los padres de alumnos y, en especial, los afectados por la semipresencialidad sobre los efectos de un supuesto "aprobado general"? Paula Sampedro, del AMPA del IES Calderón de la Barca, sostiene que si Educación busca flexibilizar las notas “es para que las estadísticas les sean favorables”. Ya que, insiste, “buena parte del alumnado urbano que sigue el sistema semipresencial tiene un curriculum reducido o dado a toda caña (sin esperar a que sea del todo entendido y asimilado)”. Por eso, no duda en asegurar que la generación covid saldrá “peor formada, desde luego”. Lo mismo dice Mabel Gancedo, presidenta de la AMPA del IES Fleming de Oviedo. “Este tiempo es mucho proporcionalmente a su edad y son años importantes en la formación de su personalidad y de sus futuros hábitos de vida. A nivel de conocimientos tendrán unas carencias que tendrán que ir compensando más adelante, y que en algunos casos podrán estar condicionando ya su futuro”, argumenta.
Un sector del profesorado asturiano denuncia que los docentes se están sintiendo “presionados” para subir las notas de sus alumnos en el curso de la pandemia. La coacción, asegura CC OO, se hace de forma sutil a través del servicio de inspección y nunca por escrito. “Esto se hace para ocultar la verdadera situación: que estudiantes de entornos desfavorecidos se están quedando atrás”, protesta el secretario general de Enseñanza del sindicato, Borja Llorente. La consejería de Educación niega que haya dado instrucción alguna en este sentido y anima a los profesionales a denunciar públicamente tales presiones puesto que, de ser así, es un asunto “muy grave”.
El departamento de Carmen Suárez publicará en los próximos días en el Bopa una resolución de medidas educativas extraordinarias como consecuencia del covid. En ellas propone a las direcciones de los centros que las evaluaciones sean “colegiadas, flexibles, que valoren por competencias y que tengan en cuenta la situación excepcional de la pandemia”. No obstante, estas medidas, que van en la línea de las aplicadas en el trimestre final del curso pasado, no son nuevas. Los colegios e institutos las conocen desde diciembre, que fue cuando la Consejería decidió modificar los criterios de evaluación y promoción del alumnado en base a un real decreto del Ministerio de Isabel Celaá cuyo contenido es mucho más permisivo. Por ejemplo, Celaá abría la puerta a que los estudiantes de Secundaria y Bachillerato pasasen de curso sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas.
El Principado rechazó este punto y mantendrá para este curso los criterios de siempre: el alumnado pasará de curso en Secundaria siempre y cuando no tenga más de dos –o de tres, de manera excepcional– materias pendientes y el título de Bachillerato solo se podrá conceder con una nota igual o superior a un 5. La resolución de medidas extraordinarias fue aprobada por el Consejo Escolar el pasado 2 de febrero, con 23 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Pese a que el texto salió adelante con una amplia mayoría, las voces en contra continúan.
La pregunta clave es: ¿hay un aprobado general encubierto detrás de la instrucción de que la repetición debe ser una “medida excepcional” y que hay que adoptar las decisiones que resulten “más favorables al alumnado, sin que el contexto en que se está desarrollando el curso (por la pandemia) pueda influir negativamente en ellas”? Entre los sindicatos docentes hay división de opiniones. En el lado del sí está claramente posicionado la organización mayoritaria en la pública: ANPE.
Su presidente, Gumersindo Rodríguez, cree que desde el confinamiento la Consejería aplica un “aprobado general encubierto, devaluando el trabajo de alumnos y profesores y la validez misma de los títulos académicos”. Y como consecuencia de esta medida, alerta, “los alumnos que accedan a estudios superiores o bien al mercado laboral afrontarán claramente esta etapa con importantes déficits curriculares”. “El mensaje de las instrucciones es demoledor: se quiere dar el golpe de gracia al rigor, el esfuerzo y el mérito, que han quedado tocados. Regalar el aprobado menoscaba la función social de la educación, desprestigia el esencial papel del profesorado hasta límites insospechados, y deja sin efecto el valor del esfuerzo y el mérito. Una irresponsabilidad en toda regla, cuyas consecuencias se verán en el futuro”, insiste.
En el mismo lado se sitúa OTECAS, el sindicato mayoritario en la concertada. “El año pasado sí fue necesario flexibilizar las medidas de promoción del alumnado, pero este año los estudiantes están teniendo enseñanza presencial, exceptuando alguna semana que pudieran estar confinados y no vemos conveniente flexibilizar dichos criterios”, valora el secretario general, José Manuel Cueto. OTECAS advierte de que si las medidas de Educación “persisten en el tiempo, podrán tener unas repercusiones formativas nefastas, tanto en el ámbito profesional como en el social”. “No solo se reducen los conocimientos, sino el valor del esfuerzo como elemento fundamental del desarrollo de la persona”, remata.
El secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, enciende la polémica al afirmar que “hay una cierta presión” que ejercen los inspectores educativos sobre los equipos directivos para que los profesores redondeen al alza las notas. Este levantamiento de mano en las calificaciones perjudica especialmente, opina Llorente, a los alumnos de entornos más desfavorecidos. “En 20 años, desde que se delegaron las competencias de educación, la Consejería no ha sido capaz de corregir que los estudiantes de entornos más pobres sean los que más fracasan”, critica.
UGT piensa muy diferente. El secretario general de Enseñanza, Cristóbal Puente, asegura que es “falso, tendencioso y hasta ofensivo” considerar que detrás de las instrucciones de Educación hay un aprobado general. “En la escuela pública ni hubo aprobado general en el curso pasado ni lo va a haber en el presente”, zanja. Puente considera que esta generación de alumnos “no estará mejor o peor formada a causa de la covid”. “Los procesos de enseñanza-aprendizaje claro que se han visto afectados por la pandemia, pero es responsabilidad de la Administración minimizar o, incluso, eliminar los déficits que puedan producirse. Para eso hay que apostar por los recursos necesarios”, reflexiona.
En la misma línea, Tino Brugos, de SUATEA, entiende que ni siquiera la flexibilización del pasado curso supuso un aprobado general. Y se explica: “De un modo u otro, buena parte de los elementos que se flexibilizan ya se vienen aplicando desde antes, como es la repetición extraordinaria de curso”. “Tema aparte –puntualiza– es que al recordarse con cierta intensidad, se pretenda inclinar la balanza hacia un lado que pueda permitir conservar las medias estadísticas existentes hasta la llegada de la pandemia”. Brugos opina que las promociones afectadas por la pandemia saldrán “con niveles similares” a los de cursos pasados. “Podemos intuir que, en ciertos casos, no se impartan todos los contenidos previstos tal y como se hacía antes de la pandemia, pero el desarrollo del currículum obliga muchas veces a recordar contenidos de cursos anteriores y antes de avanzar se actualiza la memoria del alumnado”, razona.
