La sensación de que la Administración exige el cumplimiento de plazos estrictos mientras dilata unilateralmente los que se impone a sí misma llevó ayer a los investigadores predoctorales de la Universidad de Oviedo a protestar a las puertas del edificio administrativo del Principado. Un puñado de doctorandos disconformes con la prórroga adicional de seis meses decretada por la Consejería de Ciencia para la resolución de las becas “Severo Ochoa” registró un escrito de protesta que clama contra “las violaciones constantes en el cumplimiento de los plazos” y el retraso “estructural” de unas convocatorias que han ganado para estas ayudas el sobrenombre de “becas tortuga”. Reclaman que el Gobierno regional “cumpla los tiempos administrativos igual que nos exige a los solicitantes. No puede ser admisible una exigencia de plazos unilateral”.
La demora condiciona el porvenir de unos doscientos aspirantes a las setenta becas convocadas. Inquieta a investigadores jóvenes que viven en “la incertidumbre” y “en situación muy precaria”, adelantando los gatos de la tesis doctoral y “trabajando sin cobrar”, o sin saber si les va a corresponder una ayuda cuya convocatoria el Principado publicó en agosto de 2020 y que transcurridos los seis meses fijados prorrogó de nuevo en febrero por otros seis. Celia Galve, portavoz de la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias (AFIA), aludió ayer a los compañeros que “tienen que trabajar en otros sitios para costearse esta formación predoctoral”, a los gastos de la matrícula, los congresos o los cursos, y asumiendo los retrasos que pudo haber generado la crisis sanitaria y que el Principado aduce como motivación fundamental, opone que la emergencia ya estaba en marcha cuando se publicó la convocatoria en agosto y que en todo caso el problema es que los retrasos no son de ahora. “Se vienen repitiendo año tras año” desde 2015. Agradecen haber dispuesto esta vez de un plazo más amplio para tramitar sus peticiones, pero añaden que “eso no justifica que se haya decretado otra prórroga”, o que pueda transcurrir un año entre la convocatoria y la resolución.
Saben, eso les han dicho, que sus solicitudes están en la Agencia Estatal de Investigación y que el proceso de análisis puede consumir “unos tres meses”, pero no mucho más, y no ven un remedio detrás de la constitución de un organismo evaluador asturiano que el Principado tiene en proyecto. La institución de la agencia de ciencia figura en el plan normativo del Principado para este primer trimestre del año, al que le quedan unos días. “Cuando se valora una ayuda de este tipo”, opone Celia Galve, una entidad externa, estatal, garantiza a su juicio en mejores condiciones la calidad y la transparencia del proceso.
Sin entrar en el procedimiento, y asumiendo su complejidad, el manifiesto registrado ayer requiere de la Administración “las medidas pertinentes para agilizar la tramitación y resolución de las ayudas”. Porque “no puede ser que pase más de un año” y porque “esta situación puede acarrear no tener acceso a la ayuda hasta, con suerte, el tercer año de doctorado”. Aclaran que si la convocatoria se publica justo antes de finalizar el curso académico, “quienes estén finalizando el máster en ese momento no se pueden presentar…” Finalizan destacando que por detrás de su problema asoma “el escaso apoyo a la investigación (y a la educación) justo cuando estamos comprobando con la pandemia lo importante que es la inversión en I+D+i” y se dicen “cansados de que la labor investigadora”, que definen “esencial para el desarrollo de nuestras comunidades”, “siempre juegue un papel secundario”. “Ante la precarización”, concluyen, “respondemos con fuerza”.
El Consejero y el Rector avalan el proceso: “Debe ser muy garantista”
El Ministerio propondrá el lunes a las autonomías equiparar los precios de los másteres habilitantes con los de los grados
El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, avala por “muy razonables” las explicaciones que ha ofrecido la Consejería de Ciencia respecto a los plazos de resolución de las becas “Severo Ochoa”. “Entiendo las urgencias y percepciones que tienen los jóvenes investigadores sobre la agilidad que deben tener estas convocatorias”, apunta, “pero están sujetos a un procedimiento que garantice que se resuelvan sin incurrir en arbitrariedades y tratando de seleccionar las mejores tesis que se presentan”.
El Rector hablaba después de mantener con el consejero del ramo, Borja Sánchez, la primera de una serie de reuniones para organizar el trabajo “de la mano” que han de sustanciar las dos instituciones. El titular de Ciencia hizo partícipe a Villaverde de los pormenores de un proceso que “sigue su curso normal”, “como el año pasado”, pero “con condicionantes técnicos que están causando confusión”. Se refiere, concreta, a las limitaciones “propias de nuestro proceso administrativo” y a los pormenores de un procedimiento que ha de ser “muy garantista” para asegurar que las setenta ayudas en juego premien a “las mejores tesis”. Y eso, remarca, “toma tiempo”. Respecto a los plazos, Sánchez no se aventura más allá de una intención de que “los trámites sean lo más ágiles posible, pero sin afectar”, repite, “a un proceso que debe ser garantista y transparente”.
Por otro lado, el ministro de Universidades, Manuel Castells, propondrá el lunes a las comunidades autónomas la reducción de los precios de los másteres habilitantes para equipararlos a los precios de los grados. El objetivo, adelanta, es conseguir que estos másteres que habilitan a un profesional para ejercer una profesión regulada (como es el caso de los abogados o los profesores), no tengan “precios desorbitados”. “Son de los más altos de Europa”, lamentó. El coste de esta equiparación de tarifas sería de 10,7 millones de euros.
