La Consejería de Derechos Sociales ha modificado el decreto por el que se regula el salario social básico (SSB) y, entre otras medidas, establece una nueva exención del cómputo de recursos para aquellos asturianos que tienen que hacer frente a una hipoteca, de tal manera que se equipara su situación a los que reciben la ayuda al alquiler. También se amplía la cobertura de las situaciones de extrema necesidad para atender a aquellas personas que por distintos motivos no pueda acceder al ingreso mínimo vital (IMV). Se amplía también el concepto de residencia colectiva y se agiliza e incentiva el acceso de los beneficiarios de la prestación regional al empleo y a la formación.
Derechos Sociales también informó de que el plan de choque ya ha reducido a la mitad la lista de espera en Dependencia.
Devolución
Unas 14.000 familias asturianas se beneficiaban en febrero del ingreso mínimo vital (IMV). Pero ahora se van a enfrentar a un problema económico y burocrático porque estuvieron cobrando el salario social básico del Principado hasta que recibieron la prestación estatal, que cobraron con carácter retroactivo a 1 de junio de 2020. Eso supone que ahora el Ejecutivo regional les abrirá un expediente de cobro indebido y tendrán que devolver el dinero recibido del Principado desde el 1 de junio, ya que no se pueden percibir las dos prestaciones. Pero además, quienes cobran el ingreso mínimo vital están obligados a realizar la declaración de la renta.
La llamada de alerta la ha realizado la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales, desde la que se ha advertido que “el Principado se va a ver envuelto en un lío burocrático enorme, pero, además, se produce un efecto perverso, porque las personas a las que se les reclamará ese dinero seguramente ya no lo tendrán, lo habrán gastado porque son familias con necesidades perentorias”, señaló el presidente de la organización José Manuel Ramírez.
Esta entidad acaba de realizar un informe sobre el estado del ingreso mínimo vital en el conjunto del país. Según dicho informe, Asturias tiene una tasa de riesgo de pobreza del 19,5 por ciento, un punto superior a la media nacional. Pero el tanto por ciento de los perceptores del IMV es también ligeramente superior a la media del país. Así, mientras en el Principado recibe la prestación estatal el 7 por ciento de quienes están en riesgo de pobreza, la media nacional es del 6,4 por ciento. Asturias se sitúa así hacia la mitad de la tabla comparativa por comunidades autónomas.
Pero lo que más preocupa a la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales es que del total de las solicitudes presentadas para cobrar el IMV, solo se han aprobado una de cada cuatro, un 26 por ciento. Y la mayoría de los rechazos se deben a que los solicitantes no cumplen con los requisitos económicos porque superan el umbral establecido por el Gobierno.
“La razón es sencilla. Se tiene en cuenta la declaración de la renta de 2019, que es la última que se ha hecho, y muchos de los solicitantes en aquel año estaban trabajando y tenían ingresos. Fue en 2020 cuando muchas familias se quedaron sin ingresos. Es evidente que no se corresponden los requisitos con la realidad social, que hay que cambiarlos”, remarcó José Manuel Ramírez. “El ingreso mínimo vital es la mejor vacuna contra la pobreza. El Gobierno anunció que llegaría a 800.000 personas en España y no ha llegado ni a 200.000”, denunció.
El proceso de traspaso que quiere Asturias “eliminaría las listas de espera”
Solo el 6,4 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (565.195 personas) se beneficia del ingreso mínimo vital (IMV). Pero si se tiene en cuenta el total de la población, la tasa se queda en el 1,2 por ciento, denunció la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales. Y no solo eso. Su presidente, José Manuel Ramírez, advirtió de que la prestación estatal “no mejora” la cobertura y la cuantía de los sistemas autonómicos de rentas mínimas, ya que la nueva ayuda “solo alcanza al 80% de las personas beneficiarias de esas rentas”. En el caso de Asturias, esa tasa todavía es inferior, ya que “el salario social es muy potente, no deja a nadie descolgado, y de hecho está en los puestos de cabeza en la estadística nacional”, que la lideran el País Vasco y Navarra, ambas con sistema foral. El estudio realizado por la asociación que encabeza Ramírez indica que las comunidades con mayor cobertura del ingreso mínimo vital son Navarra (14,2 por ciento) y Aragón (12,2), junto a las ciudades autónomas de Melilla (16,8) y Ceuta (13,9); y las que menos, Baleares (3,5), Cataluña y Castilla La Mancha, ambas con el 4,2 por ciento. José Manuel Ramírez indicó que, si se hubiera realizado la pasarela del salario social al IMV, como defiende la Consejería de Derechos Sociales del Principado, la lista de espera sería “prácticamente inexistente”. Por si esto fuera poco, incidió en que “pese a la crisis social, solo se ha invertido el 40 por ciento del presupuesto destinado al ingreso mínimo, 920 millones de euros de los 3.000 millones anuales previstos”.
