“Parece el primer día de cole”. El guirigay que trataba de aplacar el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, era el del reencuentro en el hemiciclo de los 45 diputados, juntos para votar presencialmente por primera vez desde el estallido de la pandemia. Había empezado la desescalada en el parlamento y el presidente del Principado, Adrián Barbón, lo notó en que las preguntas de la sesión de control van dejando la gestión directa de la crisis del covid y transitando hacia el manejo de una región sin pandemia, aunque fuertemente marcada por ella. Llevado por la interpelación de la portavoz de Ciudadanos, así pues, el jefe del Ejecutivo autonómico vino a reafirmar su compromiso con la reforma de la Administración, que “sí o sí ya toca”, y que entrará en la Junta con el proyecto de ley de medidas administrativas urgentes, la anunciada norma para reducir o eliminar trabas burocráticas y mejorar la agilidad de los procedimientos. Estará, dijo, en este periodo de sesiones.
Eso es de aquí a junio, quizá si se apuran los plazos en julio, en todo caso algo menos de un año después de que Barbón anunció la gran reforma administrativa como proyecto bandera de la legislatura e hiciese para ello los primeros cambios en el organigrama de su Gobierno, encargando la función pública al nuevo departamento que desde el verano pasado depende del vicepresidente Juan Cofiño. La ley de simplificación será “la primera acción de las muchas que tienen que venir”, añadió Barbón, para conseguir una administración “ágil y flexible” que colabore en “la dinamización de la economía, porque las trabas burocráticas que nosotros no negamos generan desánimo en amplios sectores económicos y sociales”.
Concibe Barbón el tránsito como un proceso “continuo” que no se va a agotar en esta legislatura ni a resolver con “una, dos o tres leyes”, y que también va a exigir cambios ajenos a las leyes, como “facilitar el marco de pliegos administrativos y que las licitaciones no se eternicen, la compra pública verde” y una larga serie de acciones que culminarán en una ley de función pública en elaboración.
Simplificación con retraso. Venía la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, de recordar que la fecha y la aceleración de la reforma administrativa fue una de las condiciones de su grupo para aprobar el presupuesto de 2021 y que no solo es lenta la Administración. El Gobierno, también. “Ineficaz”, afirmó sin retirar la mano tendida para reprobar el ritmo de cumplimiento de sus compromisos y advertir de los retrasos. La ley de simplificación administrativa estaba, sin ir más lejos, prevista en el plan normativo aprobado por el Gobierno para el primer trimestre de este año, ya superado.
El lugar de la Transparencia. Fernández quiso espolear también al Presidente hacia la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, pidiendo después del fiasco de la semana pasada con el candidato a presidente propuesto por el PSOE –José Manuel Fernández– uno que “no ponga condiciones personales para aceptar el puesto”. Barbón invitó a los grupos a una reflexión sobre la ubicación física del organismo –Cs propuso Avilés y el candidato se bajó de inmediato– como paso previo a la puesta en funcionamiento del Consejo “con medios suficientes, pero razonables”.
El plan variable del Suroccidente. La portavoz del PP, Teresa Mallada, trajo al Pleno el “cinismo” que aprecia en la evaluación del plan del Suroccidente que el Presidente hizo la semana pasada en Berducedo (Allande). “Gran parte de los objetivos se ha cumplido”, dijo entonces. La diputada popular ayer repasó los déficits de la comarca en infraestructuras, las promesas de “discriminación positiva” para la zona o su condición de “única área sanitaria sin UVI móvil” para concluir que “toma el pelo a los vecinos”. Barbón atenuó en su turno el optimismo de aquel balance y afirmó que a la espera de recibir el informe de diagnóstico está cubierto “en torno al 50 por ciento” de las medidas del plan. No perdió, eso sí, la oportunidad de afear a Mallada su “oposición basada en la descalificación personal” ni de recordar que el PP “votó en contra” del plan y de la batería de medidas para el Suroccidente que incorporaba el presupuesto de 2021.
La política industrial y el liderazgo. También negó Barbón la mayor respecto a la acusación de la portavoz de IU, Ángela Vallina, sobre la ausencia de una política industrial en Asturias y su falta de liderazgo en ese terreno. La diputada pidió una fecha para la reunión en la que Barbón debe tratar con Pedro Sánchez las demandas de la Alianza por la Industria y le reclamó “que asuma el liderazgo” de esta herramienta, a su juicio desaprovechada. Replicó el Presidente sin poder aportar una cita concreta, hablando a cambio de su línea de diálogo permanente con las ministras de Transición Ecológica e Industria y del rechazo del estatuto electrointensivo que hizo explícito ante Sánchez en el Comité Federal del PSOE de enero.
El 25% de los derechos de CO2. Hizo además una rápida recapitulación de todas las buenas noticias que encontró para el sector. Recordó que la ley de cambio climático recién aprobada permitirá destinar a compensaciones a la gran industria el nivel máximo de ingresos por derechos de emisiones de CO2 permitido por la UE, “el 25 por ciento”, y se felicitó porque “el desempleo en el sector industrial ha vuelto a niveles prepandemia”, o por la carga de trabajo de los astilleros y las inversiones en Bayer o Ence.
Elogio de la distancia con Vox. Ante la pregunta que Ignacio Blanco (Vox) dedicó a cuestionar el trabajo de los consejeros, sobre todo de los de Industria, Medio Rural, Educación y Hacienda y de la viceconsejera de Turismo, Barbón defendió las capacidades del Gobierno, “con todos sus errores”, y festejó sus diferencias con la “ultraderecha” que a su juicio alienta la concepción política “individualista” –la de “quien triunfa, triunfa; y quien pierde, pierde”– frente a la que “ha salvado miles de vidas”.
El Pleno del reencuentro
La desescalada en la Junta reunió ayer a los 45 diputados por primera vez en más de un año, desde la declaración de la pandemia. El hemiciclo recuperó por unos instantes el lleno –en la imagen–, solo al final de la sesión y para el voto de las iniciativas de orientación al Gobierno, después de que la Junta de Portavoces decidiese la semana pasada, a iniciativa del PP, recuperar el voto presencial y el uso de la tribuna de oradores. Hasta ayer, parte de los diputados votaba online y la mayor parte de las intervenciones se hacía desde el escaño.
