Borja Llorente Álvarez (Llanes, 1980) será quien lleve, durante cuatro años más, las riendas del Sindicato de Enseñanza de CC OO. El sábado fue reelegido secretario general con el cien por cien de los votos en un congreso celebrado en el instituto de La Corredoria de Oviedo, que también sirvió para renovar la ejecutiva regional. Llorente es profesor de Servicios a la Comunidad en el IES de Llanes, proviene del movimiento estudiantil y siente “orgullo” al recordar que fue voluntario en los campos de refugiados de Grecia. Manda en CC OO desde diciembre de 2017.
–¿Qué objetivos se marca para este nuevo mandato?
–El reto fundamental, que es la esencia de nuestro sindicato, es conseguir un sistema educativo en el que todos los estudiantes, con independencia de su origen social, de sus ingresos, del país de origen, de sus circunstancias personales, puedan transitar con éxito. Porque en la actualidad no sucede así: hay un mayor fracaso escolar entre los sectores más humildes de la sociedad. Y eso se revierte con más recursos para los centros educativos. Sin embargo, aquí estamos viendo lo contrario. Pongo como ejemplo, la atención a la diversidad.
–¿Qué balance hace de este curso escolar?
–El profesorado ha suplido todo lo que ha hecho mal la Consejería, el Gobierno de Asturias y el Ministerio con trabajo más trabajo y más trabajo. Y el curso va a salir bien por eso. Si tuviésemos que poner una nota a los docentes, les daríamos un sobresaliente. Pero la consejería de Educación tiene un rotundo suspenso: no ha sabido estar a la altura y lo sigue haciendo mal. Al ejemplo de la atención a la diversidad, podemos sumar la semipresencialidad, la vacunación o que se siga sin poner ni una piedra en centros previstos como el de La Corredoria o La Florida. Entendemos que hay cosas que no se pueden planificar, como es una pandemia, pero hay otras muchas que sí. Por tanto, esta Consejería está nadando en la inacción política. Pero ellos y los anteriores.
–¿Qué opina de la sentencia del TSJA que condena a la Consejería por actuar contra la educación inclusiva?
–Nosotros creemos que la persona artífice de todo esto, que es la directora general de Equidad (Paula García), no puede seguir ni un minuto más al frente. Porque se ha puesto en riesgo –y no solo lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias– la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. Y volvemos a lo de antes: el que tiene dinero y se ha quedado sin horas suficientes de PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje), puede llevar a su hijo a un gabinete psicopegagógico. Pero el que no tiene dinero, ¿qué hace? ¡El crío se queda por el camino!
–Barbón prevé que la primera dosis al personal del sistema educativo esté completada el 9 de mayo. ¿Le sirve ese plazo?
–Ojalá sea cierto. Deberían habernos vacunado ya en marzo, como en Galicia, Cantabria o Castilla y León, por hablar de los que están a nuestro alrededor. Sin saber por qué, la estrategia estatal no se cumplió en Asturias cuando somos un colectivo prioritario. Tampoco han sido capaces de garantizar el reparto de FFP2 a todos los centros y las mascarillas que sí distribuyeron (las de tela) se demostró que no valían como demuestra un estudio que encargamos a un laboratorio independiente.
–¿Cree que los alumnos deberían estar vacunados antes de septiembre?
–Aunque esa es una decisión que deben tomar los epidemiólogos, nosotros esperamos que los críos estén vacunados pronto. Evidentemente, no hay que saltarse la prioridad de las personas mayor y de los colectivos de riesgo, pero en un centro educativo se junta mucha gente. Pensemos en Asturias: hay 150.000 alumnos, lo que suponen 300.000 familias sin contar a los abuelos. Al final la educación influye en más de la mitad de la población. Por lo que si los que están en el sistema educativo están vacunados, cortas la transmisión del virus en gran parte de la población.
–Insisten para el próximo curso que se mantengan las ratios reducidas de alumnos por aula establecidas a raíz del covid. ¿Temen que la Consejería no las respete?
–Nosotros creemos que se debería mantener un curso más las ratios reducidas, que por otra parte deberían ser siempre así. Es decir, no es tan grave que en un aula haya 20 críos en vez de 25. La educación es mejor y estamos viendo que la inversión que tienen que hacer no es tan grande; se ha recuperado la inversión que había en 2008, antes de la crisis. Por lo tanto, no se necesita más dinero para mantener el sistema, sino recuperar el que se perdió.
–La consejera Carmen Suárez esta a punto de llegar a la mitad de la legislatura. ¿Cómo valora sus dos años de gestión?
–Es difícil afrontar una pandemia. Ninguna consejería de Educación de España lo ha hecho bien, y el Ministerio tampoco. Ahora bien, el Presidente y la propia Consejera tienen que ser conscientes de que no pueden vivir enfrentados de por vida con el sistema educativo, y en especial, con sus 13.000 docentes. No hay ningún profesor, o al menos que yo conozca, que esté contento con la gestión actual. Y quedan dos meses de curso. Si en este tiempo, no son capaces de reconducir la situación, la Consejera tendrá que pensar si debe seguir o debe dejarlo, porque no se puede, insisto, estar en guerra permanente con el profesorado. La educación es un sector esencial para la sociedad y tenemos que estar en situación de calma o de consenso. Si ellos no son capaces, tendrán que dejar paso a otras personas. Y no lo decimos solo por la Consejera sino por todo su equipo, que tienen un claro rechazo entre el profesorado.
"No conozco a ningún profesor que esté contento con la gestión actual; o revierten esta situación en los dos meses de curso que quedan o el equipo de la Consejería debería dimitir"
–El plan de evaluación docente ha recibido 8.000 solicitantes en los diez primeros días de plazo. ¿Por qué se oponen?
–El plan de evaluación docente supone que el complemento salarial al profesorado dependa de su relación individual con la empresa y le evalúa el director, de manera que la Administración puede recortar el salario en función de los requisitos que marquen. Eso es muy peligroso y no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Por ahora los requisitos son laxos, pero eso no quita que lo puedan cambiar. Y se dan situaciones tan injustas como que tú tienes un accidente y estás un año sin trabajar, y te quitan la evaluación docente. Todo esto a la larga deteriora las condiciones del conjunto del colectivo. ¿Lo pide la gente? Sí. Pero porque es lo que hay, no porque estén de acuerdo... También pagamos el peaje del Huerna, ¿y hay alguien que está de acuerdo? Evidentemente no.
–Han iniciado una campaña de movilizaciones para frenar el aumento del profesores interinos. ¿La Consejería ha mostrado interés en abrir la negociación de un nuevo acuerdo?
–El acuerdo actual (de 2014) no responde a la realidad que tenemos hoy con 5.053 interinos. En eso están de acuerdo todo el mundo, incluso los firmantes. Como no tenemos vacantes plurianuales y cada vez hay más interinos, se dan situaciones como que la limpiadora tenga que abrir en septiembre un centro educativo porque no ha docentes fijos. Ya hay centros en Oviedo en los que más interinos que funcionarios, y eso para la enseñanza no es positivo, porque es imposible sacar adelante proyectos a medio y largo plazo, y hace que la gente no se implique. Necesitamos, entonces, un acuerdo que garantice un mínimo de estabilidad a través de convocatorias plurianuales y de recompensar a los docentes que van a las zonas rurales con puntos extra, ya que es en esas áreas donde más casos hay. Eso por un lado; y por otro, no es de recibo que todos los interinos de España puedan venir a meter la nota aquí y los asturianos solo puedan ir a Ceuta, Melilla y Extremadura. Hay que abrir un debate y que los interinos opinan. Si la Consejería no abre un acuerdo de interinos, teniendo en cuenta que son 5.000 y que otros 5.000 trabajadores se jubilarán, es una auténtica irresponsabilidad y temeridad. Les estallará en las manos. En Secundaria ya hay un menor de 30 años por cada 22 mayores de 50. No es ninguna broma de lo que hablamos.
