Mujer, en torno a los 40 años, con amplia experiencia jurídica en la administración, “absolutamente independiente y sin pasado político”. Ese es el perfil que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa como opción para presidir el Consejo de la Transparencia. La formación naranja no da por condición definitiva que la sede de este órgano esté en Avilés. Considera que, aunque la tercera ciudad de Asturias “reúne las condiciones para ser la sede de un órgano autonómico, igual que Oviedo y Gijón”, ese debate “tiene que ser, en todo caso, simultáneo al nombramiento del responsable y no debe condicionarlo ni retrasarlo”, indicó ayer la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández.
La formación naranja, que fue precisamente la que puso sobre la mesa la petición de que la sede de la Oficina de Buen Gobierno se radicase en Avilés, recalca que esa “sugerencia” nunca fue “excluyente ni condición siquiera para nuestro apoyo a uno u otro candidato”. Ciudadanos afloja así ligeramente la presión sobre el PSOE para que el órgano de transparencia se ubique en Avilés, pero a cambio de participar en la búsqueda de un aspirante a presidirlo con un perfil independiente.
“No aceptaremos que el Gobierno utilice la controversia sobre la ubicación de la sede para retrasar aún más la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, que ya tendría que tener un responsable desde hace un mes”, indicó Susana Fernández. En ese sentido, insistió en la candidatura que ya plantearon a los socialistas, “que reúne las condiciones indispensables para ocupar ese cargo”. Precisamente su carácter independiente puede ser la razón por la que los socialistas ”la descartaron”, señala Fernández. “Lo que está claro es que si aún no hay presidente es porque el PSOE ha estado buscando perfiles que no eran los adecuados, ya que ambos antepusieron sus condiciones personales a prestar un servicio a los ciudadanos”, añadió. Se refería así al primer candidato, el exvicepresidente autonómico Bernardo Fernández, quien finalmente desistió de optar al puesto, y el último nombre planteado, el funcionario José Manuel Fernández, quien encendió la polémica al cuestionar que la sede estuviese en Avilés argumentando problemas de operatividad y de conciliación familiar personales.
En este sentido, el diputado del PP Pablo Álvarez-Pire reclamó diligencia al Gobierno para activar este órgano y criticó a Ciudadanos por “introducir el debate inútil de la ubicación de este organismo, dando una excusa al PSOE para seguir dilatando su constitución”. Pire cree que “el foco debe ponerse en la necesidad de constituir este órgano” en lugar de en “debates localistas”.
Ciudadanos ahora resetea la negociación y vuelve a abrir las opciones sobre su ubicación. Los socialistas asumían como inevitable que la sede estuviese en Avilés, sin aún darlo por seguro. De hecho, el Ayuntamiento de Avilés debería ceder un local que hoy no tiene claro.
